En numerosas localidades catalanes, agentes peor pagados hacen el ‘trabajo sucio’ en medio de la pasividad de sus homólogos autonómicos, que ganan hasta 500 euros más al mes. Se necesitan 1.000 millones para hacer justicia. (EL ESPAÑOL)

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Entre las numerosas consecuencias no previstas del procés catalán, como que España se llene de banderas españolas, una de las más inmediatas ha sido la radicalización de una vieja petición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: la equiparación de sus salarios con los de las policías autonómicas y locales.

Con más competencias, más movilidad geográfica y más especialización que sus homólogos regionales, un policía nacional o guardia civil ingresa, a igualdad de categoría y antigüedad, entre 400 y 500 euros menos que un Mosso d’Esquadra o un Ertzaina: una discriminación que ha calado en la sociedad española en un momento de extrema tensión, en el que ni siquiera se descarta una colisión entre distintas fuerzas policiales en caso de aplicación del artículo 155.

El atentado de las Ramblas, los sucesos del 20 y 21 de septiembre (cuando un grupo de guardias civiles quedó atrapado en la Conselleria de Economía y sus coches fueron destrozados por la masa) y el desastre organizativo e informativo del 1-O han multiplicado una reivindicación que apoyan todos los partidos políticos del arco parlamentario, del PP a Podemos, pero que se encuentra con un obstáculo “imposible de superar ahora mismo”, como reconoce una fuente gubernamental a EL ESPAÑOL: hacen falta casi 1.000 millones de euros anuales para satisfacer las peticiones de los cuerpos.

En un momento de extraordinario nerviosismo, con un nivel 4 de alarma terrorista, en el que miles de agentes de apoyo residen desde hace semanas en tres buques próximos a la costa catalana para garantizar el orden y la seguridad ciudadana si la degeneración de la convivencia en Cataluña se agravase, los sindicatos policiales han aprovechado su papel central para volver a denunciar una desigualdad incomprensible, cuya duración vuelve a desnudar las ineficiencias del Estado de las Autonomías.

Promesa de Mariano Rajoy

Los teléfonos de policías y guardias civiles echan humo estas semanas con un vídeo de 2009 en el que Mariano Rajoy, entonces jefe de la oposición, prometía igualar sus sueldos con el de los Mossos y la Ertzaintza: “Yo lo llevo en el programa electoral y me comprometo a que Policía y Guardia Civil tendrán los mismo sueldos que las policías autonómicas”, decía muy serio el actual presidente del Gobierno: “Serán exactamente los mismos salarios [...] Si llego al Gobierno, lo haré”.

Dos policías mantienen un cordón policial en Barcelona el 1-O.

Dos policías mantienen un cordón policial en Barcelona el 1-O. Efe

La realidad presupuestaria y la crisis económica se interpusieron después entre la promesa del PP y la realidad. Los propios policías, como comentan varios portavoces sindicales a EL ESPAÑOL, rebajaron asimismo sus expectativas: “Teníamos legitimidad”, dice Ramón Cosío, representante del mayoritario Sindicato Unificado de Policía, “pero no autoridad moral: el país estaba en crisis, había mucha gente con sueldos de 800 euros y 5 millones de parados. ¿Cómo íbamos a poner esto encima de la mesa?”.

Las imágenes del 20 de septiembre, de guardias civiles expulsados de sus hoteles y durmiendo en colchonetas antes del 1-O, o de policías recibiendo lanzamiento de sillas y siendo después vilipendiados por su intervención el día del falso referéndum, han hecho mella en los cuerpos de seguridad. Según Jusapol, una alianza entre sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles para “para solicitar con firmeza la equiparación, porque ya está bien y no nos conformamos”, los agentes han perdido incluso dinero desde aquel año de 2009: un 5%. “Algo inaceptable”.

Jusapol tachó recientemente una promesa del Gobierno de destinar 80 millones de euros para comenzar a reparar esta discriminación de “ridícula y del todo insuficiente”. El mes pasado se registraron concentraciones de agentes frente a delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en 42 provincias.

El ‘síndrome del Este’

Este periódico ya publicó recientemente un reportaje con dos policías nacionales destinados en Cataluña que denunciaban el acoso permanente a las comisarías (‘el síndrome del Este’) y explicaban la fractura con los Mossos, acusándoles de portarse con deslealtad y “chulería” en los últimos dos meses. Unas actitudes que han enardecido las pretensiones salariales de los agentes allí destinados (no existen complementos por ser desplazado a Cataluña, como sí ocurren en Canarias, País Vasco o Ceuta y Melilla).

Dos policías nacionales que trabajan en la provincia de Barcelona.

Dos policías nacionales que trabajan en la provincia de Barcelona. E.E.

En medio de las acusaciones cruzadas entre policías y ‘mossos’ y el distanciamiento de agentes de distintos cuerpos que alguna vez fueron amigos, los medios nacionales han venido publicando informaciones que agravan la percepción social de discriminación de los cuerpos de ámbito estatal: por ejemplo, que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, procesado por sedición, gana al año 84.650 euros, 21.500 más que un general de división de la Guardia Civil (y 33.700 más que un comisario principal de la Policía Nacional).

Las diferencias se consolidan en todos los escalafones de la profesión. Un Mosso d’Esquadra gana casi un 30% más que un guardia civil del mismo rango, según el cuadro de retribuciones oficial: el salario básico neto de un ‘mosso’ fluctúa entre los 1.750 y los 1.850 euros mensuales, por los 1.400 euros de un guardia civil o 1.500 de la policía. A pesar de sus competencias reducidas y su inexistente movilidad geográfica, incluso un policía local sale mejor parado que uno nacional: 1.600 o 1.700 euros.

La disparidad afecta a todo: horas extras, nocturnidad, complementos, etc. Por si fuese poco, Cataluña es una región con un coste de vida notablemente superior al de otras comunidades autónomas, pero no existen partidas para compensar, por ejemplo, el aumento del alquiler de vivienda. Y tampoco existe la solución de mudarse a un pueblo cercano a la ciudad donde esté la comisaría, dado que la ley no permite vivir fuera del término municipal donde se trabaja.

“Nadie quiere que le bajen el sueldo”

Los propios sindicatos de la policía catalana vienen solidarizándose con sus compañeros de otros cuerpos, haciéndose eco de la denuncia. Algo que tiene, además, una explicación adicional a la camaradería (como manifiesta un responsable policial a este periódico): “Nadie quiere que le bajen el sueldo, sino que nos lo suban a nosotros”.

La Policía Nacional, a través de sus sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, ha elaborado un dossier en el que refleja las “retribuciones y los agravios comparativos entre policías españolas” (lo que, por cierto, le ha granjeado polémicas varias con asociaciones de policías municipales, como las de Madrid, e incluso de la propia Guardia Civil). También han exigido que el Gobierno abone los complementos a los agentes antidisturbios desplazados a Cataluña desde el mes de agosto, en un ambiente de creciente crispación.

Además de la equiparación, los sindicatos solicitan que la igualdad se refleje también en los complementos salariales (que en algún caso supone un tercio de los ingresos totales), como la retribución de horas extras o la cotización para la jubilación. Como explica Cosío, “solo cotizamos el sueldo básico, pero no los complementos”, al formar parte del régimen de clases pasivas, como los funcionarios de la Administración General del Estado: “Nos quedan unas pensiones muy bajas”.

933,6 millones de euros

La propuesta elevada a Interior por los cinco sindicatos y las seis asociaciones de guardias civiles (que expiraba esta semana, sin contestación por parte del Ministerio) incluía una subida de entre 300 y 500 euros mensuales por agente: según sus propios cálculos, una partida presupuestaria adicional de 933,6 millones (o una subida progresiva en tres ejercicios, a razón de 311,2 millones por año).

Jusapol ha pedido cita al ministro Zoido para abordar la cuestión, que supone una piedra en el zapato del Gobierno en una época de fuerte inestabilidad política. Pero el Ministerio no mueve ficha. “Cuando haya disponibilidad presupuestaria, seguiremos abordando ese equilibrio entre unos policías y otros que tiene comprometido, por firme convencimiento, el Gobierno”, declaró recientemente Zoido.

Un furgón de la Guardia Civil traslada a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a su salida de la Audiencia Nacional

Un furgón de la Guardia Civil traslada a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a su salida de la Audiencia Nacional Efe

Diversas iniciativas parlamentarias han sido aprobadas este año para impulsar cuanto antes un acuerdo que iguale (o acerque) los niveles salariales y las condiciones laborales, rebajando la tensión en unos cuerpos que afrontan semanas de imprevisible agitación en Cataluña. (La última fue debatida este mismo 24 de octubre). Lejos queda el 19 de junio de 1991, cuando el entonces diputado de Izquierda Unida (IU), Antonio Romero, preguntó ya al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, por la ya famosa equiparación salarial. Veintiséis años después, todo sigue igual en esta materia.

“¿Sabes cuánto está ganando el tío que escucha las conversaciones de la Gürtel?”, expresa un oficial de la policía a este diario. “1.500 euros… ¿Tú crees que ese sueldo equivale a su responsabilidad?” Según los sindicatos, el fantasma de la desidia y la desafección acechan a los agentes: “Tengo muchos compañeros que los fines de semana se van a hacer turnos a restaurantes para completar la hipoteca”, afirma un portavoz. “Y uno piensa: ¿para qué investigar a la gente, a vecinos, meterte en problemas, etc.?” Nadie quiere mencionarlo por escabroso, pero la carestía económica también podría ser (es) un acicate para la corrupción.

España avanza probablemente hacia un cambio en el modelo policial, regido por la ley 2/1986, y que según los sindicatos es el verdadero problema: “Está tan necesitado de reforma como la propia Constitución”. Mientras tanto, en numerosas localidades catalanas, agentes infrapagados hacen el trabajo sucio en medio de la pasividad de los Mossos con los excesos del movimiento ‘indepe’, insultados por las calles, encerrados en sus cuarteles mientras centenares de personas les organizan caceroladas todas las noches al grito de “fascistas” y “fuerza, fuerzas de ocupación”. El procés, entre sus numerosas consecuencias imprevistas, ha coloca al Gobierno ante un dilema inaplazable y de difícil solución.