Ramón de Carranza, el exalcalde de Cádiz al que dejarán sin estadio por “franquista”

El alcalde de la ciudad andaluza aplicará por primera vez la Ley de Memoria Histórica con el apoyo del PSOE. Cambiará el nombre del estadio de fútbol y el de una de las avenidas, que pasará a llamarse “4 de diciembre”. (EL ESPAÑOL)

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El apellido Carranza, aunque de origen gallego, está profundamente ligado a la ciudad de Cádiz: da nombre a un estadio de fútbol, un trofeo veraniego, un puente y dos avenidas. Las dos calles se verán reducidas a una este mismo fin de semana: el Ayuntamiento ha decidido retirar el nombre a una de ellas en virtud de la Ley de Memoria Histórica. La calle pasará a llamarse 4 de diciembre, en recuerdo a la jornada en la que los andaluces se manifestaron en 1977 para reclamar el autogobierno regional. (Curiosamente, también el día en que nació Francisco Franco).

Kichi y Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía,  en el estadio del Cádiz.

Kichi y Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, en el estadio del Cádiz.

¿Quién fue Ramón de Carranza y Fernández de la Reguera? (No confundir con su hijo del mismo nombre y segundo apellido Gómez-Pablos, que terminaría presidiendo el Sevilla en la década de 1950). Militar y gallego (nació en El Ferrol en 1863), marqués de Villa de Pesadilla y político conservador y monárquico, el futuro alcalde y gobernador civil de Cádiz estudió en la Escuela Naval de su localidad la carrera de marino de Guerra.

Fue enviado de Agregado Naval a Washington, donde residía cuando estalló el conflicto con Estados Unidos: participó en la Guerra de Cuba al mando del cañonero Contramaestre, por lo que se le otorgó la Cruz Laureada de San Fernando y mantuvo la distinción de contralmirante de la Armada en situación de retirado.

Matrimonio y fortuna

De regreso a España, se instaló en Andalucía tras contraer matrimonio con una gaditana. Ramón de Carranza había nacido en una familia oligarca, pero en todos sus artículos biográficos se menciona que pasó también a ser un hombre acaudalado tras casarse con Josefa Gómez Arámburu, sobrina del prócer local Manuel Moreno de Mora y Vitón, una de las mayores fortunas de la ciudad. La pareja tuvo cuatro hijos: Micaela, Carmen, José León (también alcalde de la capital gaditana, entre 1948 y 1969) y el citado Ramón.

A lo largo de su vida sería designado dos veces alcalde de Cádiz. La primera, en 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera (permaneció en el cargo hasta el advenimiento de la Segunda República). La segunda en julio de 1936, tras el golpe de Estado franquista, cuando apoyó a los militares sublevados y regresó al sillón consistorial de la mano del general Queipo de Llano, uno de sus grandes valedores. Esta vez sólo estaría en el cargo unos meses: cayó gravemente enfermo y falleció poco después en la propia ‘tacita de plata’.

Ocho décadas después de su muerte, llama la atención la extensión de su influencia sobre una ciudad cuyos políticos deciden hoy darle la espalda. Incluso gente del bando contrario acepta que no fue el peor alcalde de Cádiz: durante su primer mandato, el más fructífero, se construyeron varios edificios y hoteles emblemáticos (el antiguo Palillero, el antiguo Hotel Playa y el Hotel Atlántico) además de la plaza de toros de la ciudad.

Dinastía de políticos

Ramón de Carranza dio nombre hasta ahora al estadio del Cádiz.

Ramón de Carranza dio nombre hasta ahora al estadio del Cádiz.

Con el paso del tiempo, la familia Carranza se constituiría en una pequeña dinastía política y burocrática andaluza (fundamentalmente en Cádiz y Sevilla): dos alcaldes (Ramón hijo sería alcalde de Sevilla durante la Guerra Civil), gobernadores civiles, presidentes de Diputaciones Provinciales… José León de Carranza, el otro hijo varón del hombre cuyo nombre se quiere quitar de las calles, fue incluso designado alcalde vitalicio de Cádiz por Franco en 1948.

Carranza padre fue tres veces diputado a Cortes y Senador del Reino, un hombre cercano a la Unión Patriótica de José María Pemán. En las últimas elecciones de la II República, las de febrero de 1936, fue elegido diputado por la candidatura de Renovación Española: el parlamentario más viejo de aquella cámara, que pronunció por tanto el discurso de apertura de aquellas Cortes destinadas al fracaso. Se negó a finalizar la sesión con un “¡Viva la República!”, siendo insultado por algunos partidos y jaleado por otros. Faltaban cuatro meses para el Alzamiento.

La “abundante documentación histórica” recopilada por el Ayuntamiento gaditano, que actuará con arreglo al artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica para desterrarle de los espacios públicos, recopila varios agravios de Carranza. Tanto él como su hijo Ramón se implicaron desde el principio en el golpe del 18 de julio, poniéndose inmediatamente al servicio del general Queipo de Llano (jefe del Ejército del Sur). El mismo día 19, Carranza hijo fue nombrado presidente de la Comisión Gestora encargada de la administración municipal de Sevilla en sustitución del alcalde legítimo, Horacio Hermoso Araujo, que sería ejecutado poco tiempo después por los levantados en armas.

Golpe de Estado de 1936

La implicación en las revueltas iniciales sevillanas de Carranza hijo, a la sazón 38 años, fue bastante directa, manejo de armas incluido, y se le sitúa en la represión de los barrios obreros de la ciudad que se resistieron al levantamiento franquista. Carranza padre, por entonces 74 años, llegó la semana siguiente a la playa de la Victoria de Cádiz desde Sevilla, en una avioneta, para ser designado alcalde y gobernador civil de Cádiz (como se ha dicho antes, estaría poco tiempo en el cargo por razones de salud).

Aunque por su edad no participó en escaramuzas callejeras, la moción del Ayuntamiento liderado por José María González Santos, ‘Kichi’, da por sentado que el repuesto alcalde de Cádiz contribuyó durante esos dos meses de alcaldía a identificar a sindicalistas y “personas de mala conducta que hablan mal del Movimiento Nacional, salvador de España”, posteriormente detenidos y conducidos al consejo de guerra.

Hombre de reputación muy autoritaria, también se han registrado denuncias contra vecinos de Cádiz por su afiliación política republicana, firmadas todas ellas en 1936: en palabras de los promotores de su exclusión del callejero, “fue impulsor de una comisión depuradora de funcionarios, lo cual lo responsabiliza directamente de la cruenta represión llevada a cabo a vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.

En su entierro no se le tributaron honores militares, por expreso deseo propio. Ochenta y un años después, parece que los honores municipales a su figura son cosa ya del pasado.

Villar pone contra las cuerdas al Gobierno: podría regresar a la Federación antes de Navidad

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El reciente recurso del todavía presidente del fútbol español, al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, descubre varios errores del Consejo Superior de Deportes en su acuerdo de suspensión y provoca temor en el Ejecutivo. La preocupación ha llegado ya al despacho de Soraya Sáenz de Santamaría. 

A Ángel María Villar y su hijo Gorka, imputados por cuatro delitos en el marco de la Operación Soule, los doce días que pasaron en la cárcel les han cambiado la vida probablemente para siempre. Superado el susto y la humillación, sus abogados llevan meses estudiando los miles de folios del sumario del caso; cada día que pasa, aseguran, están más seguros de poder defender su “inocencia”.

La semana pasada, el diario El País publicó que Villar activaba su vuelta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): el presidente suspendido solicitó al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo medidas cautelares contra la inhabilitación temporal que le impuso el Consejo Superior de Deportes (con la venia del Tribunal Administrativo del Deporte) el pasado mes de julio.

El recurso, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, presenta una lógica jurídica “inobjetable”, según tres expertos en derecho deportivo consultados por este periódico (y que piden el anonimato por el ambiente emponzoñado y guerracivilista que rodea al deporte español). En el entorno del Consejo Superior de Deportes y su presidente, José Ramón Lete, cunde el temor tras encargar informes internos que acreditan la validez de las pretensiones de Villar: un escenario dantesco para el Ejecutivo español.

En las próximas semanas podría vivirse una situación completamente inesperada y de difícil digestión para el secretario de Estado para el Deporte. Lete llegó al cargo con una misión pacificadora y quiso subirse a la rueda anti-Villar muchos meses después; según coinciden fuentes muy diversas, se precipitó posteriormente, probablemente obsesionado por que el avispero de la RFEF y la guerra del fútbol español no le salpicase de lleno en un momento de auténtico clamor social por la mediatización del caso Soule (detenciones ante las cámaras incluidas).

Inquietud gubernamental

La preocupación ha llegado ya hasta el despacho de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidente del Gobierno; el ministro Méndez de Vigo destituyó a Miguel Cardenal para enfriar el conflicto con Villar hace un año y observa con espanto que la situación se vuelva a enquistar después de que los responsables de la Operación Soule le aplicasen la ‘pena del telediario’ y la opinión pública se echase definitivamente encima del hombre que dirigió el fútbol español durante 29 años.

En el escrito, de 42 páginas, los abogados de Villar acusan al Consejo Superior de Deportes (CSD) y al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de “fraude de ley” y de generar indefensión a su representado; califican las resoluciones del TAD y el CSD de “manifiestamente nulas” y solicitan la medida cautelar consistente en revocar la suspensión decretada por un año el pasado mes de julio. Es decir: si el Tribunal Contencioso-Administrativo atienda a esta petición, Villar podría volver a su despacho de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas antes de Navidades.

Los argumentos son diversos. El primero es que ni en la apertura de expediente sancionador por parte del TAD (24 de julio) ni en el acuerdo de la Comisión Directiva del CSD (un día después) que decretó su suspensión se determinan los hechos que la motivaron, haciéndose referencia únicamente a “abundantes indicios de una posible utilización incorrecta de fondos federativos” e “indicios racionales de la posible comisión de infracciones disciplinarias” en el sumario, sin mayor concreción. (Un hecho que contravendría el artículo 64.2.b) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común).

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, reza el documento: “La jurisprudencia es unánime en considerar nulos de pleno derecho los acuerdos de incoación de un procedimiento sancionador en los que no constan los hechos imputados, como es nuestro caso [...] Vicia todo el proceso”.

Ángel María Villar, el día que salió de la cárcel.

Ángel María Villar, el día que salió de la cárcel. Efe

El segundo argumento es que los hechos recogidos en el auto penal por el que se arrestó y encarceló preventivamente a los Villar en julio fueron en gran parte obtenidos mediante escuchas telefónicas y correos electrónicos: “Diligencias limitativas de derechos fundamentales”, se afirma en el recurso, “que en modo alguno pueden utilizarse en un procedimiento administrativo”.

Esto, según los abogados de Villar, ha sido rechazado de plano por la jurisprudencia en numerosas ocasiones y “vulnera el derecho al secreto de las comunicaciones”. (El proceso penal contra Villar y otros cuarenta imputados federativos está en fase de instrucción; ningún hecho ha sido declarado como probado).

El tercer argumento es demoledor. Como es ampliamente sabido, un miembro de la Comisión Directiva del CSD que firmó la suspensión de Villar, Jesús Castellanos, presidente de la Federación Española de Taekwondo (FET), está imputado por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, administración desleal, fraude a las subvenciones, apropiación indebida y falsedad documental. Fue arrestado en junio de 2016 por esos hechos. Pues bien: Castellanos no sólo no ha sido suspendido como presidente de la FET, sino que tampoco ha sido excluido de esa Comisión Directiva. “Ni siquiera”, concluye el escrito, “se abstuvo para tomar la decisión de suspender/inhabilitar a Villar”.

Por último, los abogados destacan que el CSD conocía las prácticas presuntamente delictivas de Villar desde hace dos años exactos, cuando el entonces secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, entregó un informe con supuestas irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción. José Ramón Lete fue informado el mismo día de su toma de posesión, hace un año. “¿Por qué tardaron casi dos años en instar un procedimiento sancionador?”, se preguntan retóricamente los letrados.

Su conclusión es que el expediente fue incoado “únicamente para poder suspender al presidente de una federación, siendo además ese expediente suspendido en el momento en que se acuerda su inicio” (puesto que inmediatamente se subsumió en el proceso penal y dejó de tener utilidad). “Parece responder más a una situación mediática -con la aplicación mediática a su vez de medidas cautelares penales- que a una justificación real, fáctica, jurídica y temporal de ese modo de actuar [...] Y ello permite apuntar que la actuación del TAD se produjo con la única intención de esa suspensión cautelar, lo que evidencia desviación de poder”.

Reuniones de alto nivel

La preocupación en el CSD es lógica si se tienen en cuenta estos razonamientos jurídicos, según diversos expertos. Esta semana se celebró una reunión entre el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo. En ella se abordó una cuestión que se creía resuelta con el estallido de la Operación Soule, cuyo sumario está trufado de conversaciones impresentables y alusiones a diversas irregularidades y tejemanejes, pero que vuelve a emerger como los pueblos hundidos por pantanos en plena sequía.

“En la Federación no se habla de otra cosa”, afirmaba este viernes un empleado federativo, horas después de la visita conjunta de Ángel María Villar y su hijo Gorka a sus instalaciones. El presidente suspendido se permitió incluso alguna broma sobre su pronto regreso, aunque no se espera una resolución de las posibles medidas cautelares hasta el mes de diciembre.

Seis presidentes imputados

Hay un aspecto sorprendentemente ausente del recurso de Villar, dado que parecería otro potente argumento a su favor: ¿por qué él sí fue suspendido y los seis presidentes de federaciones territoriales (Valencia, Ceuta, Melilla, Rioja, Cantabria y Murcia) imputados por delitos similares en el mismo proceso penal de la Soule no lo han sido? Aunque fuentes próximas a Villar destacan su “código de honor”, que le impediría teóricamente volverse contra antiguos aliados, la jugada puede entenderse mejor como una maniobra electoral en el caso de una próxima moción de censura. (Según informó Rafa Fernández en Onda Cero en la tarde del viernes, Luis Rubiales ha anunciado a su equipo que la presentará este mismo mes, una vez que se habilite el plazo el 22 de noviembre).

La argumentación del CSD para no actuar con más contundencia contra estos imputados, basada en informes de la Abogacía del Estado, es que el juez Santiago Pedraz no dejaba claro los delitos que se les imputaban. Una postura discutible, dado que los servicios jurídicos del Estado tienen acceso al sumario entero y a las declaraciones tomadas por Pedraz en la Audiencia Nacional.

Los ‘barones’ regionales del fútbol español han mudado su apoyo entre Villar y Luis Rubiales, presidente del sindicato de futbolistas (AFE) y exdelfín oficial del villarismo, en los últimos meses. Las próximas semanas van a ser decisivas en el futuro de la Federación Española de Fútbol, que depende del marasmo de denuncias y recursos en el que se ha convertido en los últimos tiempos: además del recurso contencioso-administrativo explicado anteriormente, está el que pretende interponer el CSD para que una eventual moción de censura en la RFEF pueda decidirse por mayoría simple y no de dos tercios (lo que daría alguna opción a Rubiales). Y también la posible repetición de las elecciones de mayo, en manos del Tribunal Administrativo del Deporte.

La posición política de José Ramón Lete puede quedar seriamente dañada si Villar regresa a la Federación por descuidos del CSD. La solidez del recurso es inesperada si se recuerda el infierno legal y social que vivieron los Villar el pasado verano. Como dice una de las personas que mejor conoce el deporte español y el derecho deportivo de las últimas décadas (poco sospechosa de amistad con los Villar), “si cualquier otra persona pidiese el levantamiento de la suspensión con este recurso, estaríamos hablando de una probabilidad de éxito del 80%. Siendo Ángel María Villar, bajo ese porcentaje al 50”.

 

La embajadora catalana Guardiola ya no está en Copenhague; la embajada sigue abierta

María Badia, Francesca Guardiola, Carles Puidgemont y Raúl Romeva durante el acto de inauguración de la delegación catalana en Copenhague.

María Badia, Francesca Guardiola, Carles Puidgemont y Raúl Romeva durante el acto de inauguración de la delegación catalana en Copenhague.Twitter Asuntos Exteriores Cataluña

La delegación diplomática del ‘Govern’ tiene las persianas echadas, pero se sigue trabajando dentro. Francesca Guardiola, la ‘embajadora’, ha dejado el país. Se sigue haciendo ‘lobby’ en el Parlamento danés. (EL ESPAÑOL)

Las persianas del edificio situado en el elegante barrio de Nyhavn, cerca del Palacio Real, entre embajadas y mansiones, están echadas. Pero a través de las ranuras se percibe luz, movimiento y hasta ruido. En la puerta, como distintivo, una ‘senyera’. Aunque la supuesta ‘embajadora’ de la república catalana en Escandinavia, Francesca Guardiola, se ha marchado de Copenhague, en las oficinas de esta supuesta oficina diplomática aún se trabaja. La Embajada española lo sabe: “Nuestra sensación clara es que siguen excediendo sus funciones después de la aplicación del artículo 155 [de la Constitución]”, señala una fuente muy próxima.

La representación ‘oficial’ del Gobierno autonómico catalán en Dinamarca parece estar todavía involucrada en actividades de ‘lobby’ tras la activación del artículo 155 el pasado 27 de octubre (una medida que incluía el cierre de las delegaciones diseminadas por la Generalitat en Europa y otras partes del mundo, en total 12; el Gobierno de España mantuvo la de Bruselas, puesto que otras comunidades también tienen oficinas de representación ante las instituciones europeas).

Según todos los indicios, Francesca Guardiola (la representante oficial del ‘Govern’ en Dinamarca y los Países Nórdicos, hermana además del entrenador Pep Guardiola) abandonó la capital danesa cuando se clausuró oficialmente la delegación, inauguarada el pasado verano y calificada por la Embajada de Dinamarca en España “no como una representación diplomática, sino como una oficina con tareas de promoción del turismo y de exportaciones, algo muy normal en Dinamarca”.

Carta al Parlamento danés

La prueba más sólida de que los funcionarios autonómicos catalanes han intentado influir en los políticos daneses tras la activación del 155 la semana pasada es una carta oficial remitida al presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento danés el 3 de noviembre, que fue distribuida a los miembros del comité el día 6 (esta misma semana).

En la carta, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se calificaba de “antidemocrático” el encarcelamiento de figuras destacadas de la Administración catalana y se adjuntaba un discurso sobre el mismo tema pronunciado por Carles Puigdemont el día 2.

Lo más significativo de esta carta es que lleva la firma de Diana Coromines i Calders en calidad de “Responsable de Asuntos Públicos de la Delegación del Gobierno de Cataluña en Dinamarca y los Países Nórdicos” (como puede verse a continuación en la imagen).

Carta enviada por la 'embajada' catalana el 3 de noviembre.

Carta enviada por la ‘embajada’ catalana el 3 de noviembre.

EL ESPAÑOL intentó ponerse en contacto varias veces con el socialdemócrata Nick Hækkerup, presidente de la Comisión de Asuntos Exterioresdel Parlamento danés, para comentar los intentos del Gobierno regional catalán de ejercer presión política en Dinamarca tras la implementación del Artículo 155. Las consultas no recibieron respuesta.

Preguntas similares a Søren Espersen, el portavoz de Exteriores del partido de derecha populista  Partido Popular Danés,  tampoco fueron contestadas. El Partido Popular Danés es un firme apoyo del actual Gobierno tripartito de centro derecha de Dinamarca, que incluye a Venstre (el Partido Liberal), la Alianza Liberal y el Partido Conservador pero no reúne la mayoría parlamentaria suficiente.

Según ha podido saber este periódico, la Embajada de España en Dinamarca está buscando información sobre los funcionarios concretos involucrados en las actividades actuales de los representantes del ‘Govern’ y su naturaleza.

Mercado nórdico

La Generalitat hizo un gran esfuerzo en Dinamarca tras el 1-O para recabar apoyos a la causa separatista (el mercado nórdico es el séptimo en importancia en Cataluña en número absoluto de turistas). Tres días antes de la implementación del 155, el 27 de octubre, Raül Romeva (el supuesto ‘Ministro de Asuntos Exteriores de Cataluña’, hoy en prisión preventiva)visitó Copenhague.

Puigdemont, Romeva y Guardiola en el Parlamento danés.

Puigdemont, Romeva y Guardiola en el Parlamento danés.

Dos meses antes, a finales de agosto, el Gobierno danés había ‘plantado’ a Carles Puigdemont en la inauguración oficial de su ‘embajada’, puesta en marcha en marzo: al acto, que apenas convocó a 100 personas, no asistió ningún representante político destacado de los países nórdicos. “Terminó siendo dominado por el fuet, Lluis Llach y los castellets”, afirman fuentes consulares.

Un día después, un grupo de parlamentarios daneses (principalmente de partidos de izquierda y centro izquierda, más los provenientes de Groenlandia y las islas Feroe, ambos territorios con movimientos separatistas), provocaron una reunión en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento sobre la situación en Cataluña tras el falso referéndum del 1 de octubre.

Los funcionarios del ‘Govern’ en Dinamarca estuvieron presentes y, tras haber preguntado por adelantado si podían intervenir, fueron invitados a tomar la palabra para presentar su visión de los hechos. Destacaron el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la Guardia Civil y reclamaron el derecho de Cataluña a la autodeterminación sin tener en cuenta la Constitución de España.

“Asunto español interno”

Durante el debate posterior, algunos diputados pidieron al Gobierno danés que ofreciera una mediación entre España y Cataluña. El ministro de Asuntos Exteriores, Anders Samuelsen, rechazó esta propuesta y reiteró la posición oficial del Gobierno danés de que el conflicto entre España y Cataluña es un asunto interno español que debería resolverse en el marco de la Constitución española. También instó a ambas partes a entablar un diálogo para evitar que se repitan los enfrentamientos del 1 de octubre. Las imágenes del 1-O dejaron mucha huella en la opinión pública escandinava.

Francesca Guardiola ocupó su destino en Dinamarca (con influencia en toda la región escandinava) tras cesar inmediatamente como directora de Relaciones Exteriores del ‘Govern’ cuando el Tribunal Constitucional anuló hace un año, parcialmente, la ley de acción exterior catalana. Nadie en Dinamarca dice conocer su paradero actual, salvo que parece haber abandonado el país. Si algún día la Justicia persigue la continuación de actividades ‘diplomáticas’ tras la aplicación del artículo 155, probablemente podrá alegar que no estaba allí. “Quizá no puede decirse lo mismo de otros compañeros”, señalan las citadas fuentes consulares.

Jaime Carvajal, un marqués borbónico para jubilar al zar Cebrián en la corte de Prisa

 

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El financiero, íntimamente relacionado con la Zarzuela y la aristocracia, se perfila como sucesor de Cebrián en el grupo. Comenzó su carrera en Lehman Brothers y ha pasado por varios bancos y fondos de inversión sin crearse grandes enemigos. (EL ESPAÑOL).

Resulta imposible no ver en la sucesión de Juan Luis Cebrián una metáfora de la propia evolución del grupo Prisa, otrora emblema del centro-izquierda español, todavía el grupo editorial más importante en lengua castellana, abocado desde la muerte de Jesús Polanco (hace ya una década) a una lenta transformación que algunos llaman decadencia y que le coloca a finales de 2017 con una deuda superior a los 1.500 millones de euros.

Si nada se tuerce en las próximas semanas, será Jaime Carvajal Hoyos (Madrid, 1965), aristócrata de la corte borbónica y experto en finanzas, quien simbolice la mutación del endeudado ‘holding’ comunicacional con pasado ideológico en un proyecto viable bien relacionado con los grandes poderes fácticos. El pedigrí financiero del hombre que previsiblemente jubilará a Juan Luis Cebrián es impecable: su padre, expresidente del Banco Urquijo, único miembro español del exclusivo Club Bilderberg durante sus primeros años, participó en la promoción y desarrollo de los primeros fondos de inversión creados en España. Hoy Carvajal llega a Prisa, precisamente, a lomos de uno de esos fondos que, décadas después, dirigen la economía internacional.

Hace cuarenta años, cuando Prisa transformó el panorama mediático con la fundación de El País, Carvajal correteaba alegremente en los recreos de Santa María de los Rosales, el colegio predilecto de la oligarquía nobiliaria madrileña, un refugio para los descendientes de las élites ilustres en plena reconversión industrial y sociopolítica española. “Siempre fue un chico muy serio, muy normal”, dicen varios excompañeros de curso a EL ESPAÑOL: una impresión corroborada después por otras personas que se han cruzado en la vida profesional y familiar del primogénito de Jaime Carvajal y Urquijo, marqués de Isasi e íntimo amigo de Juan Carlos I, uno de los siete niños que fueron llevados en 1948 a la célebre finca Las Jarillas (Colmenar Viejo, Madrid). ¿El motivo? Acompañar la educación del entonces Príncipe cuando llegaba a España para educarse bajo la tutela del régimen franquista con su familia en el exilio portugués.

La reina Sofía y Jaime Carvajal Urquijo, en Mallorca en 2013.

La reina Sofía y Jaime Carvajal Urquijo, en Mallorca en 2013.

El vínculo entre los Carvajal y la corte borbónica ha sido siempre extraordinariamente estrecho: de aquellos años de formación entre los encinares de la cuenca alta del Manzanares y las impresionantes vistas del Palacio de Miramar, en San Sebastián, (improvisado como internado entre 1950 y 1954) surgió una amistad inquebrantable, especialmente fértil en los años de la Transición, cuando el padre del futuro presidente de Prisa aportó sus conocimientos bancarios e ideología liberal al plan de transición democrática urdido por el monarca y Adolfo Suárez.

Una de sus hijas, Victoria (hermana, por tanto, de la futura cabeza visible de Prisa), fue novia del hoy rey Felipe VI en sus años mozos. “Lo suyo fue un noviazgo de jóvenes, tenían 17 años… Pero ya hace mucho tiempo de aquello”, contaba a El Mundo hace unos años su madre, Isabel Hoyos. Ambos habían compartido aula en el colegio Rosales, en compañía además de otros amigos históricos del actual monarca. Felipe y Victoria también coincidían en verano en la isla de Mallorca, donde los Carvajal tienen una casa y los Borbones descansaban en el palacio de Marivent. Las familias se visitaban con la mayor naturalidad: una amistad de rango casi familiar.

Jaime Carvajal Hoyos no compartió aula con ningún príncipe o infanta en el colegio Rosales, pero creció entre nobles y después aprendió de su madre, María Isabel de Hoyos y Martínez de Irujo (sobrina de la difunta Cayetana de Alba), la combinación de linaje aristocrático y espíritu de lucha que desembocaría en el reconocimiento de los derechos de las herederas a los tronos y títulos nobiliarios. El binomio empresa y nobleza define la existencia del futuro presidente de Prisa: Marqués de Almodóvar del Río desde 2015 (su madre le cedió ese título en vida), Carvajal es además yerno de Carlos Falcó, el marqués de Griñón.

Juventud en Estados Unidos

De adolescente, el primogénito de los Carvajal Hoyos siguió el camino habitual de muchos de sus pares en aquella época y emigró a Estados Unidos, donde estudió ingeniería en la prestigiosa universidad de Princeton (aunque siempre se ha dedicado a las finanzas). Comenzó su carrera en el desaparecido banco de inversión Lehman Brothers, en el área de Fusiones y Adquisiciones, desde donde pasó a ostentar el cargo de Jefe de Gabinete del Presidente y Director de Inversiones Alternativas del fondo de pensiones del Banco Mundial. Su siguiente ciudad de residencia fue Barcelona (donde ejerció como director general de Banca Privada del Banco Sabadell).

La experiencia catalana le llevó lustros después (este mismo año) a presidir la Fundación Juntos Sumamos, nacida con el apoyo de empresarios relevantes y otros miembros de la sociedad civil para centrar los esfuerzos contra el desafío independentista en los aspectos positivos de la unidad. El propio Carvajal reconoce que su objetivo es “poder responder afirmativamente a mis nietos cuando me pregunten si hice todo lo que pude para asegurar la convivencia entre ciudadanos durante esta época de cambio que estamos viviendo en España (como en toda Europa)”.

El banquero, que también ha pasado por fondos ‘buitres’ como Apollo, es actualmente consejero delegado de Grupo Arcano y presidente no ejecutivo de EVO Banco: el mismo cargo que ejercerá en Prisa si su designación es definitivamente aprobada por el comité de nombramientos y retribuciones (el actual consejero delegado, Manuel Mirat, retendría el grueso de las funciones ejecutivas).

Jaime Carvajal y Xandra Falcó, el día de su boda.

Jaime Carvajal y Xandra Falcó, el día de su boda.

Arcano, sociedad constituida en 2003 con sedes en Madrid, Barcelona y Nueva York, presta asesoramiento financiero a empresas familiares, inversores y compañías cotizadas. Durante sus años en el grupo ha consolidado su perfil de hombre básicamente trabajador y prudente, “serio, que en una época de desfase corrupto no ha protagonizado ningún escándalo”, afirma un directivo de la empresa: “Jaime siempre ha mantenido un perfil honorable, es muy consciente de su legado familiar”.

Aunque Carvajal, como la mayoría de los grandes empresarios españoles, no vio venir la crisis financiera desatada en 2008 (“no creo que vaya a ver una explosión catastrófica de la burbuja”, dijo en una entrevista hecha tres años antes), ha logrado mantener una reputación de solvencia y respetabilidad hasta la marcha efectiva de Cebrián cuando reciba su último ‘bonus’ millonario por la reciente ampliación de capital.

De hecho, Carvajal no va a mover ficha hasta lograr el respaldo unánime de todo el consejo de administración y de los principales acreedores para abortar cualquier escándalo similar al protagonizado el mes pasado por Javier Monzón, expresidente de Indra propuesto por el Banco Santander, cuando decidió retirar su candidatura a la presidencia minutos antes de su oficialización por discrepancias sobre sus capacidades ejecutivas reales.

Alcurnia y números

Jaime Carvajal está casado desde 1998 con Alejandra Falcó, Xandra, marquesa de Mirabel, hija del Marqués de Griñón y Jeannine Girod: a su boda asistieron, entre centenares de invitados, el entonces príncipe Felipe y la infanta Cristina con su marido, Iñaki Urdangarin. El matrimonio tiene tres hijas y mantiene un perfil discreto, alejado de los focos, con querencia por disfrutar los fines de semana en la finca toledana donde Xandra es directora general de la empresa Pagos de Marqués de Griñón y maestra de almazara (su aceite fue premiado en 2012 por la prestigiosa guía Flos Olei como el mejor del mundo): “Tengo una vida muy pegada a la tierra. Literalmente, porque estoy siempre en el campo”, afirmaba la esposa de Carvajal en una entrevista a El Mundo en 2015.

Menos conocida es la predilección de la pareja por Brasil y concretamente la región nordestina de Bahía, un paraíso donde los Carvajal compraron una casa de vacaciones en 2007.

Nobleza e igualdad

Carvajal lleva con orgullo su abolengo: “Nobleza obliga; no hablamos de ningún privilegio, sino de una obligación con la sociedad: la de hacer bueno el título”, dijo en 2015, poco antes de heredar el marquesado de su madre, cuya lucha dos décadas antes abrió las puertas a los derechos de las mujeres en este ámbito restringido.

Los hechos se remontan a 1997, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional negó el ducado de Almodóvar del Río a Isabel Hoyos y falló a favor de sus hermanos menores Isidoro y Juan Manuel, con arreglo al principio legal de la prevalencia masculina en la sucesión nobiliaria. Lejos de rendirse, la madre de Carvajal llevó en el año 2000 su denuncia al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas argumentando que los Estados miembros habían de defender la igualdad entre hombres y mujeres y fundamentando su petición en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado en 1977 por España.

El proceso se amparaba en los esfuerzos pioneros de Margarita Pérez de Seoane (1928-2009), quien interpuso una demanda en 1986 y una década después consiguió el ducado de Pinohermoso y el condado de Villaleal. Mirada con recelo por la mitad de la nobleza, distanciada de parte de su familia y apoyada por el movimiento feminista, Hoyos decidió enarbolar la causa y volvió a recibir un revés en 2004, cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU rechazó su denuncia y la de la también aristócrata Mercedes Carrión al estimar que la nobleza “está al margen de los valores subyacentes a los principios de igualdad ante la ley y no discriminación”.

Pero su lucha tuvo efectos prácticos. Poco después, en 2006, se aprobó una ley presentada por PP y PSOE para equiparar los derechos de las mujeres en la sucesión de títulos nobiliarios, con carácter retroactivo, lo que resolvía cualquier litigio futuro. “Llevar el título es una honra”, aseveró Carvajal en una entrevista con El Confidencial cuando recibió el marquesado de su madre: “Es un honor saber que mi madre luchó tanto por la causa de la mujer”.

Incertidumbre y deuda

Según fuentes próximas al Consejo de Administración de Prisa, “el prestigio profesional y la capacidad de representación nacional e internacional de Jaime Carvajal pueden ser un gran activo para el grupo en el futuro”. Aunque existe un amplio consenso entre los accionistas respecto a otorgar el liderazgo a Mirat, la ampliación de capital por 450 millones de euros anunciada el pasado mes de octubre (y que deberá ser aprobada en Junta de Accionistas el próximo día 15) no ha disipado la longeva incertidumbre que rodea al grupo, objeto de una disputa entre bancos accionistas como Caixabank y Santander, Telefónica y el expresidente de esta compañía, César Alierta, con el apoyo de Amber Capital, mayor accionista (19%) del ‘holding’ fundado por Jesús de Polanco y José Ortega Spottorno.

La deuda de Prisa alcanza todavía los 1.550 millones de euros: 960 vencen en 2018 y a fecha de hoy el grupo carece de capacidad económica para afrontar el pago. (Una situación que podría cambiar con la inyección prevista de 450 millones más la presumible venta de la firma Media Capital por 321 millones y una nueva conversión de deuda por acciones, en este caso de 100 millones). La venta de la editorial Santillana, una de las joyas de la corona, es menos probable que hace un año: la cercana salida del cuestionado Cebrián refuerza a los partidarios de mantener el buque insignia del grupo (con permiso de El País).

Carvajal tiene el apoyo de Joseph Oughourlian, representante de Amber Capital, fondo dueño del 19% del capital, el accionista que más ha presionado por un cambio de rumbo del grupo. También es bien visto por los Polanco, cuyo patriarca mantenía una cordial relación con el padre de Carvajal. Y es finalmente el favorito de César Alierta, expresidente de Telefónica, embarcado en una larga partida por el control del grupo junto con Amber Capital.

“Sin muertos en el armario”

El actual presidente no ejecutivo de Evo Banco reúne las condiciones de experto en finanzas “sin muertos en el armario” y llegada a los grandes poderes; además, quiere mantener sus cometidos en Arcano, asesoría financiera que él mismo fundó, lo que facilita la entrega de la gestión cotidiana a Mirat y que se circunscriba a labores de representación y presidencia del Consejo de Administración. La única consigna clara de Carvajal hasta el momento, confirman fuentes bien conocedoras del proceso de sucesión, ha sido confirmar su amplio respaldo para evitar “cualquier ridículo, conflicto grave o maniobra inestable”.

El juego de tronos del relevo de Cebrián parece tener un fin próximo, y la sucesión ocurre en un momento político particularmente interesante, en el que el lento deshielo del enfrentamiento radical PP-Prisa durante varios lustros parece haber llegado definitivamente a su fin con la amabilísima entrevista, esta misma semana, de José María Aznar en la Cadena Ser.

La guerra ha terminado, y Cebrián encontrará acomodo discreto en la nueva estructura para seguir perfilando la línea editorial de El País, con mucha llegada al Gobierno del PP y la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Cuarenta y cinco años después de su fundación, propiedad ya en su mayoría de fondos de inversión, el grupo editorial más importante en lengua española recurre a un experto en finanzas, miembro destacado de la ‘jet set’ empresarial española, para certificar un giro indiscutible.

Iglesias consigue agotar las camisetas ‘republicanas’ de la Selección

La controvertida camiseta para el Mundial 2018, con el efecto óptico que transforma el azul petróleo en violeta, agota sus existencias en la tienda oficial de la RFEF en un solo día. (EL ESPAÑOL)

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No se sabe qué es peor en la nueva camiseta de la selección española de fútbol: si la polémica generada por sus colores en tiempos de inestabilidad política o el hecho de que se inspire en el Mundial 1994, de infausto recuerdo (enésima derrota en cuartos, contra Italia, y el tristemente célebre codazo de Mauro Tassotti a Luis Enrique). Pero los datos no mienten: nunca en la historia federativa se habían vendido zamarras de la ‘Roja’ a la velocidad con la que lo ha hecho el último producto de Adidas, su patrocinador desde 1980.

Un solo día ha tardado la tienda oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en quedarse sin camisetas. “A los cinco minutos de sacarla a la venta ya había 15 personas comprando”, cuenta un empleado federativo a EL ESPAÑOL. “Si Pablo Iglesias no hubiese puesto ese tuit”, dicen otras fuentes de la Junta Directiva, “no se hubiese montado este lío. Pero salieron cuatro articulistas y este es al final el país que tenemos”.

La selección posa con la 'camiseta republicana' en la foto oficial, este miércoles.

La selección posa con la ‘camiseta republicana’ en la foto oficial, este miércoles. Efe

El fútbol español es un avispero desde que explotó la Operación Soule, pero nadie aprovecha este escándalo inflado para lanzar críticas desde la Federación. Ni siquiera hacia la ‘apestada’ María José Claramunthasta hace pocas semanas directora de marketing de la misma, imputada en el caso Soule y convertida desde hace años en un ejemplo viviente de las corruptelas y conductas ostentosas que acompañaron los últimos años de la entidad.

Un año y medio de trabajo

La ya apodada ‘camiseta republicana’ siguió el mismo proceso de diseño y confección que acompaña a esta prenda desde hace décadas: cada fase es aprobada por responsables federativos y el producto final ha de ser revisado por el presidente de la RFEF y los capitanes de la selección. El proceso dura un año y medio aproximadamente: estudios de mercado, especialmente entre las generaciones jóvenes; debate y decisión de vincularlo a un Mundial (1994); bocetos sucesivos que deben recibir el visto bueno de la Federación; fabricación de un prototipo para enseñar con un año de antelación a su presentación.

No puede decirse, pues, que la vestimenta sea una decisión tomada a la ligera: hasta el presidente suspendido, Ángel María Villar, dio su beneplácito a la elástica en el otoño de 2016, antes de que los capitanes (o más bien alguno de los cuatro: Sergio Ramos, Iniesta, Silva, Busquets y Piqué) también emitiesen su dictamen favorable.

La nueva elástica se puede comprar ya al precio de 129,95 euros en la página web de Adidas, el patrocinador técnico de la Selección, que aporta 25 millones de euros anuales a las arcas federativas. Existe una variante (que es la que se ha agotado hasta ahora en la tienda del Museo de la Selección Española de Fútbol, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas); tiene el mismo diseño que la original, pero el material es de menos calidad, algo menos fino y transpirable: cuesta 89,95 euros en Adidas y 75 en la tienda del Museo.

“Puro efecto óptico”

Dormido el conflicto de Piqué (hasta la próxima excursión verbal del defensa culé), el asunto de la camiseta demuestra las dificultades casi genéticas que encuentra la selección española para vivir en paz y tranquilidad. “El morado es un puro efecto óptico, no había ninguna intención polémica, y menos ahora, como comprenderá”, señala otro directivo. “Además, Adidas no es sospechosa de querer meter goles a la Federación. La presentación ha coincidido con el rollo catalán y se ha magnificado: estaba decidida desde hace casi un año”.

La crisis ha durado un par de días enteros y en su apogeo puso a mucha gente nerviosa. El acto de presentación se suspendió, el presidente interino de la RFEF (Juan Luis Larrea) dijo haber recibido quejas “desde lo más alto”, el ministro Méndez de Vigo afirmó “que en el pasado la selección española ha tenido camisetas más bonitas que esta” y el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, se puso tan nervioso que pidió el envío inmediato de una prenda a su despacho para despejar sus dudas sobre el azul petróleo, que superpuesto sobre el rojo crea la ilusión del morado por el proceso conocido como asimilación de colores.

Equipación nueva para bebés de la selección española de fútbol.

Equipación nueva para bebés de la selección española de fútbol. Museo de la Selección

Adidas, como dicen los manuales de resolución de crisis, intervino antes de que fuese demasiado tarde y ofreció explicaciones mediante un comunicado: la camiseta “está fuera de cualquier connotación política” y es producto de la colaboración “entre ambas entidades”, decía la empresa alemana, que recordaba “su apoyo a la selección española durante más de 30 años como sponsor técnico y defendía que el nuevo modelo “rinde homenaje a una de sus elásticas más famosas”, utilizada en el Mundial de Estados Unidos de 1994: los colores rojo, amarillo y azul “representan las mejores cualidades de este equipo: velocidad, energía y su conocido estilo de juego“.

Perder el norte

Los jugadores y el cuerpo técnico aborrecen la polémica, al igual que suelen bromear con lo feas que son, en general, las equipaciones deportivas. “A veces perdemos un poco el norte”, se ha limitado a decir el siempre moderado Lopetegui en referencia a la polémica: ”Adidas ha decidido que juguemos con esta camiseta y a mí lo que me importa es quién se ponga la camiseta”.

La Federación, que lleva el apellido de ‘Real’ desde tiempos de Alfonso XIII, organizadora de la Copa del Rey, confía en que se olvidará el incidente con los próximos partidos amistosos. El inusitado ritmo de venta ha sorprendido después de que en Internet algunos ciudadanos con demasiado tiempo libre pidiesen el boicot a Adidas por los colores de la zamarra. “Es posible que los coleccionistas hayan corrido más que nunca por la polémica”, aventuran desde el Museo de la Selección.

Camiseta original del Mundial 1994, con los mismos colores, firmada por Julen Guerrero.

Camiseta original del Mundial 1994, con los mismos colores, firmada por Julen Guerrero.Museo de la Selección Nacional de Fútbol, Las Rozas.

En todo caso, un tuit de Iglesias (“Hacía tiempo que la selección española no vestía una camiseta tan bonita. Tod@s con la roja”, escribió en su cuenta de Twitter con un emoticono de risa) parece haber resuelto las labores de marketing. Sólo falta ahora que ni este altercado estéril ni la invocación al doloroso Mundial de 1994 ejerzan de gafes para un equipo que aspira a todo en Rusia 2018. Como dijo el miércoles el expresidente José María Aznar en la cadena Ser, “es una idiotez el asunto [...] Eso sí, como tenemos bastantes problemas, alguien nos podía haber ahorrado esta polémica. A mí me da igual. Lo importante es que España gane el Mundial”.

La corte flamenca de Puigdemont: nacionalistas xenófobos y un abogado de etarras

El apoyo explícito a Puigdemont por parte del nacionalismo flamenco, socio del Gobierno belga de coalición, complica el panorama político tras la huida del expresident, asesorado por un abogado experto en retrasar extradiciones a España. (EL ESPAÑOL)

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El domingo pasado, cuando Carles Puigdemont emprendía su discreta huida a Bélgica, el secretario de Estado de Inmigración, el flamenco Theo Francken, ofreció asilo político al expresident en una radio. La declaración pareció una salida de pata de banco, y Francken fue reconvenido públicamente por su primer ministro, Charles Michel, cabeza de un heterogéneo y débil Gobierno de coalición.

Aquellas palabras fueron todo menos un exabrupto: la aventura belga de Puigdemont es un plan hábilmente urdido por el separatismo catalán y el flamenco para, por un lado, mantener el desafío soberanista en España y, por otro, reforzar el discurso autonomista en un país permanentemente al borde de la ingobernabilidad. (Flandes y Valonia, las regiones en las que junto a Bruselas está dividida Bélgica administrativamente, mantienen una complicadísima relación que se remonta a sus orígenes como país, en el siglo XIX).

El partido de Francken, la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), formación ‘hermana’ de CiU y ahora del PDeCAT, es el máximo representante del separatismo flamenco en este siglo y convenció durante las últimas semanas a Puigdemont de que Bélgica podía ser un territorio idóneo para mantener vivo el ‘procés’ tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el procesamiento de los dirigentes nacionalistas por sedición.

Un vínculo de décadas

El vínculo entre el nacionalista flamenco y el catalán es longevo e íntimo: desde los tiempos de la formación de la que se escindió, Volksunie, es habitual la colaboración entre ambos movimientos y la invitación cruzada a sus actos y eventos. Por poner un ejemplo gráfico, la N-VA envió incluso “observadores” al referéndum ilegal del 1 de octubre: “Mi partido apoya el derecho de autodeterminación”, afirmó ese día su representante Peter Luykx, “y es una pena que el Gobierno español no haya elegido el diálogo político y se agarre a argumentos jurídicos para evitar el referéndum”. Otra estampa, aún más gráfica: diputados de la N-VA colgaron el pasado día 4 de octubre una ‘estelada’ en los pasillos del Parlamento belga para mostrar su “solidaridad” con el soberanismo catalán (ante el fuerte enfado de numerosos parlamentarios).

El catalanismo político despierta muchas simpatías en Flandes, un territorio en cuyo imaginario colectivo permanecen aún los desmanes del Duque de Albaal frente de los tercios españoles en el siglo XVI. “Mucha gente ve el proceso en Cataluña como una lucha justificada”, afirma a EL ESPAÑOL Wim Zwaenepoel, docente en varias universidades y experto en comunicación intercultural: “Tienen reclamaciones parecidas sobre el ‘nosotros pagamos y el sur se aprovecha’”.

Con el 32% de los votos de Flandes, la N-VA encabeza el pujante nacionalismo flamenco (cuyo ala más extremo, el Vlaams Belang, con el 5,5% de los sufragios, es un partido con tintes racistas y fuerte discurso antiimigración, en sintonía con el Frente Nacional francés). Antimonárquica y partidaria de un modelo confederal extremo, de plena autonomía fiscal, la corriente más radical de la N-VA propugna la independencia de Bélgica. “Antes se movían más por una cuestión de identidad nacional. Hoy en día su nacionalismo es tan económico como el de la Liga Norte en Italia”, señala Zwaenepoel.

‘Liberación’

El trato que está dando la prensa flamenca a este asunto es completamente diferente al de la prensa valona (francófona) en un país con graves problemas políticos. En Bélgica apenas hay medios de comunicación nacionales: en Valonia el neerlandés apenas se entiende, y en Flandes el francés es menos que residual. En este último territorio está muy extendida la teoría de que las culpas del conflicto corresponden en gran medida a Mariano Rajoy, como cabeza de un Estado opresor: no hay territorio en Europa, con la excepción de Escocia, que dé más pábulo al deseo ‘liberador’ de los nacionalistas catalanes. (En Francia, por ejemplo, causa perplejidad el rol belga en este conflicto español).

Aunque la N-VA, integrante del Gobierno federal, no se ha atrevido hasta ahora a reconocer la presunta república catalana (un hecho que rompería el frágil Gobierno de un país que llegó a estar 541 días sin Gobierno en 2010 y 2011), la estrategia alumbrada entre el expresident y el nacionalismo flamenco en el país con más simpatía procatalana de Europa (y en la ciudad de la Comisión Europea) es menos “demente” de lo que pareció en un primer momento, como reconocen fuentes oficiales a EL ESPAÑOL.

La guinda del pastel es la contratación del célebre Paul Bekaert, un abogado de izquierdas experto en defender terroristas que dice “no fiarse un pelo de la Justicia española” y dirige la estrategia legal de Puigdemont: un recurso eficaz para asegurar que la orden de arresto europeo dictada por la Justicia española no tenga eficacia antes del año próximo y permita celebrar las elecciones autonómicas en un contexto de mayor victimismo.

Desconfianza belga

Los tribunales belgas han mostrado tradicionalmente una gran desconfianza hacia la vigencia del Estado de Derecho en España (una actitud insólita entre dos socios de la Unión Europea). Bélgica fue el único país europeo que no colaboró con la entrega de etarras tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, en 1997, y tiene una larguísima tradición de resistencia a la extradición de terroristas, entre cuyos hitos (protagonizados en persona por el letrado Bekaert) figuran la excarcelación de los presuntos etarras Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz en 1993 o haber evitado en 2013 la extradicióna España de la pistolera del ‘Comando Vizcaya’ Natividad Jáuregui, ‘Pepona’, sospechosa de haber asesinado a bocajarro en 1981 al teniente coronel Ramón Romeo.

Entre 1984 y 2005 no se aprobó ninguna extradición de Bélgica a España, a pesar del principio de confianza mutua que sostiene el espacio europeo sin fronteras. Varios profesores de Derecho Internacional vienen escribiendo en la prensa belga últimamente que en estos momentos la estrategia flamenca no tiene demasiadas herramientas para sustraerse a la orden de detención de Puigdemont, pero sí para demorar la entrega del acusado. Como dice un diplomático español, “con los precedentes sobre ETA, y con la cercanía de la Comisión Europea, sería estúpido negar que es mucho más fácil montar un circo en Bélgica que en otro sitio. El Gobierno belga no puede meter a Puigdemont en un avión a Madrid así como así”.

Puigdemont, en una cafetería de Bruselas, a la hora en la que debería de haberse presentado en la Audiencia.
Si Puigdemont decidiese cursar una petición de asilo político, la autoridad belga competente para tramitar la petición de asilo sería el Comisionado General de Refugiados y Apátridas, un órgano independiente que no depende ni del Ministerio de Interior ni del de Justicia. Philippe De Bruycker, profesor de Derecho Europeo de la Inmigración y Asilo en la Universidad Libre de Bruselas, recordó recientemente en televisión que la concesión del asilo a un ciudadano de un Estado miembro de la UE por otro Estado miembro no es en principio admisible. Y que si, excepcionalmente, un Estado decidiese hacerlo, debería informar inmediatamente al Consejo Europeo: “Sería una decisión política con graves consecuencias”, advirtió.

“Cerca de tu gente”

Diversos columnistas, incluso próximos al nacionalismo flamenco, afirman que Puigdemont ha ido demasiado lejos y debería estar en España con sus votantes. Kris Peeters, ex presidente regional de Flandes y ahora miembro del Gobierno, afirmó esta semana que “cuando declaras la independencia, es mejor quedarte cerca de tu gente”.

“Va a haber un gran lío en el Gobierno [belga] entre los partidarios del sí a la entrega (democristianos o liberales) y del no (los nacionalistas), que tiene la potencialidad de convertirse en un conflicto grave entre Bélgica y España”, señala a este periódico Zwaenepoel. “Con la particularidad de que hablamos de un delito bastante nuevo, de tipo político. Yo temo que nada de esto es casualidad: se trata de algo planificado, con una agenda política oculta. Si los nacionalistas logran escalar el conflicto y generalizar el discurso de los ‘presos políticos’, van a intentar sacar tajada. Tienen dos o tres meses garantizados de follón, y las elecciones en Bélgica son el año próximo”.

Visto con perspectiva, resulta sorprendente que el primer ministro belga, Michel, fuese el primer mandatario europeo en tuitear sobre la “violencia” del 1 de octubre, comprando el discurso separatista y separándose del libreto europeo. Su postura generó disensiones internas en un Ejecutivo inestable, donde influyen poderosamente las presiones de la N-VA (cuyo líder, Bart De Wever, alcalde de la rica Amberes, tiene fama de ser el hombre más poderoso del país: el hombre que llamó a Puigdemont “amigo” y afirmó que “siempre será bienvenido en esta ciudad”).

La presencia de Paul Bekaert robustece notablemente las pretensiones flamencas y catalanistas de eternizar la situación. Con defendidos en su haber que van desde espías cubanos a terroristas chechenos y kurdos, autodenominado “experto en derechos humanos”, el letrado repite que “todavía no se han librado de Puigdemont en España” y que “si lo detienen lo convertirán en un mártir”. Socio del abogado ‘abertzale’ Iñigo Iruin, Bekaert fue una piedra en el zapato de la Audiencia Nacional española durante lustros, hasta que la legislación europea obligó a las repatriaciones instantáneas en casos de terrorismo.

El recuerdo de Legrelle

Los nacionalistas flamencos suelen esgrimir un nombre para justificar su negativa a colaborar judicialmente con España: León Degrelle, belga francófono, fundador del Partido Rexista (un movimiento de corte fascista) en 1930. Tras la invasión de Bélgica por Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Legrelle colaboró con la ocupación nazi. Después huyó a Noruega y de allí en avión hasta España, donde la dictadura de Francisco Franco le dio cobijo (y donde vivió 39 años, hasta su muerte). El episodio, del que han pasado ya cuatro décadas, ha sido aprovechado ahora por sectores radicales del nacionalismo flamenco para acusar a España de “hipocresía”.

Mientras tanto, el paso de los días y la clarificación de la estrategia nacionalista va abriendo un conflicto en Bélgica de consecuencias imprevisibles. “Encerrar a líderes democráticamente elegidos es ir demasiado lejos”, afirmó el jueves el presidente regional de Flandes, Geert Bourgeois, en otra muestra de apoyo público a Puigdemont y sus exconsejeros. Por primera vez, salió a responderle el exprimer ministro Elio di Rupo, hoy líder de los socialistas: “¿Es competencia del presidente de Flandes intervenir para juzgar públicamente un procedimiento judicial en curso en España?”.

El primer ministro ha dado instrucciones a sus ministros de que no echen gasolina al fuego con más declaraciones públicas sobre el asunto catalán, pero tanto su debilidad original (su partido fue el quinto más votado en 2014 y accedió a la presidencia por la atomización del electorado) como el temor a que un problema foráneo termine con un Ejecutivo sostenido con muchos esfuerzos durante tres años le resta autoridad. El problema crece: “La N-VA, en la cuerda floja: la coalición forzada a hacer funambulismo”, titulaba el viernes el diario belga Le Soir su crónica de la crisis imprevista.

Justicia y represión

Si el encarcelamiento de los exconsellers catalanes y Oriol Junqueras ha sido interpretada como políticamente inconveniente en España, en Bélgica desde luego ha reforzado el discurso victimista del separatismo. “Ahora se habla mucho de la vergüenza la represión de Madrid, etc., que ahora Europa no puede quedarse ciega”, concluye el profesor Zwaenepoel. “Y el resto del Gobierno se acoge al silencio”.

El reputado politólogo y profesor Hendrik Vos publicaba este viernes un artículo en el que negaba estar seguro al 100% de la futura extradición de Puigdemont a España, basándose en futuras revisiones del caso y en posibles excepciones belgas a la aplicación de las órdenes europeas de detención. “En algún momento”, escríbía, “el Gobierno tendrá que elegir (aunque la orden de detención sea un tema jurídico) entre extraditar a un amigo de De Wever o sufrir una colisión tremenda con España”. La partida belga de Puigdemont, en realidad, acaba de empezar, y puede acabar con otra crisis política en el corazón de la Unión Europea.

Si te fumas un porro, no conduzcas en varios días: la DGT te pillará

Aumentan las denuncias de conductores “discriminados” por dar positivo sin haber conducido ‘fumados’. La ley sanciona a los conductores por tener rastros de la sustancia en el organismo, aunque no tenga efectos. Afectados y expertos hablan para EL ESPAÑOL.

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Juan, 35 años, vecino de Majadahonda, iba con su coche por el polígono Prado Overa, en Leganés, a eso de las 11:30 de la mañana de un martes. “Ponen bastante controles entre semana, de drogas y alcohol, documentación, etc”, cuenta a este periódico por teléfono, “yo por precaución jamás he conducido bajo los efectos de un porro”. Ese martes lo pararon justo cuando volvía a la oficina de hacer una gestión. Juan se había fumado un porro de hachís, como todos los días, la noche anterior. Dio positivo.

“Yo fumaba poquísimo, uno o dos por la tarde como mucho, uno al llegar de trabajar y otro antes de acostarme; le echaba siempre poquísimo, la mitad o un tercio que mis amigos: era más psicológico que otra cosa”. No iba ‘fumado’, pero el control le costó una multa fuerte y seis puntos del carnet de conducir: un mes después del ‘drogotest’ le llegó la confirmación positiva del contraanálisis por “resto de droga en el organismo”: decidió pagar 500 euros (la mitad de la multa, por pronto pago), perder los seis puntos “y dejarlo ahí”. “Hablé con los abogados de la aseguradoras Mapfre y MMT, y me dijeron que no tenía mucho que ganar por recurrir. Que me recomendaban pagar y no complicarme la vida”.

En España, según datos del Ministerio de Sanidad, un millón de personas fuman a diario marihuana o hachís (cannabis, con el principio activo del delta-9-tetrahidrocannabinol o THC) . Decenas de miles son enfermos (generalmente de cáncer), que la consumen de diversas maneras por sus propiedades terapéuticas. El resto lo hace sencillamente por placer, relajación o para huir de sus problemas: un 7% de los conductores analizados al azar en las carreteras españolas dan positivo en cannabis.

La Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio del Interior, ha decidido pisar el acelerador en la lucha contra los conductores drogados, y en el caso específico del cannabis su política viene generando quejas y denuncias ante la Justicia. El organismo anunció este año su firme intención de aumentar (y mejorar) los controles de estupefacientes en las carreteras españolas: “Queremos un aumento espectacular, para que aquellas persona que conduzcan bajo los efectos de las drogas lo tengan ciertamente complicado para poder zafarse de este asunto [...] Quiero pasar de 75.000 tests este año a 750.000”, afirmó ante la prensa su responsable, Gregorio Serrano. Los controles de sustancias psicotrópicas a los conductores en cualquier horario del día, pues, han dejado de ser un mito urbano de este siglo.

“Me dieron el chup-chups y di positivo”

EL ESPAÑOL ha recibido estos últimos meses diversos mensajes de conductores sancionados por conducir con restos de cannabis en sangre y que, según juran y perjuran, no habían fumado en todo el día (algunos de ellos ni siquiera el día anterior o 48 horas antes). El asunto apenas ha aflorado aún a los medios generalistas, pero tiene una larga estela judicial y cristalizó este mes de junio en el primer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La duda es: ¿es razonable que se sancione la mera presencia de una sustancia, sin mayores consideraciones, en usuarios que no están ‘colocados’?

A.C.B, alicantino, cuarenta y dos años, conducía un día del verano pasado con su hijo y su mujer embarazada por las Lagunas de Ruidera, en Ciudad Real. “Hacía todo el calor del mundo, en una carretera sin coches”, cuando se topó con un control de la Guardia Civil. Le preguntaron si había bebido o fumado, y les dijo que había fumado tres días antes. “Ese fue mi error”, dice; en realidad, había fumado la noche anterior, 16 ó 17 horas antes del control. “Me dieron el chup-chups y di positivo”. Se puso muy nervioso. El guardia civil más amable de los dos se ablandó un poco y le explicó: “Si eres fumador diario, tienes la sustancia acumulada en la sangre, siempre vas a dar positivo”.

A.C.B. también prefirió pagar los 500 euros en el plazo de 20 días. Después decidió dejar de fumarse su porro nocturno, “el mejor momento del día”, porque depende del coche para trabajar. Tres meses y medio después del incidente, aún no le ha llegado el contraanálisis del laboratorio. Asegura que un amigo suyo policía le ha dicho que “han puesto la prueba para pillar a todo el mundo…” Y él añade: “Tratan igual que vayas conduciendo con un porro en la mano, escuchando música tranquilamente, que el haber fumado la noche antes o el fin de semana en una fiesta”.

La abogada Beatriz Macho, que ha llevado numerosos casos y colabora con la Federación de Asociaciones Cannábicas, critica que no haya un Real Decreto que desarrolle esta materia y destaca que, a diferencia de las pruebas de alcohol, con otras drogas no hay metrología (una garantía de mediciones normalizadas que establezca un rastro mínimo a partir del cual se considera que una persona está afectada por una sustancia). “Los usuarios de cannabis”, afirma, “cuando no damos positivo es por error (que a veces ha pasado, las máquinas no son 100% fiables). Damos positivo siempre, porque el THC es una sustancia liposoluble y se queda días en el cuerpo. Eso se llama indefensión”.

“Procedimiento abusivo”

Macho opina que los controles antidroga son “un procedimiento abusivo, porque si no pagas en 20 días tienes una resolución en tu contra. Y a los 20 días no suele estar la segunda prueba lista. La DGT ha hecho una instrucción interna para recomendar el 50% por pronto pago. Pero la ley no dice eso: dice que si no has pagado en 20 días ya hay resolución de culpabilidad”.

El origen de esta cuestión está en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, aprobada en 2014, que introduce una diferencia entre el alcohol y otras sustancias. Con el alcohol, si se superan los 0,60 miligramos por litro en el aire, el conductor puede ser condenado con una pena de tres a seis meses de cárcel y la retirada del carnet entre uno y cuatro años. En el caso de las drogas, la reforma estipuló que ahora basta la mera “presencia en el organismo” para decretar una sanción, sin importar la cantidad de la sustancia o la determinación de que el conductor esté bajo los efectos de ella (en el caso del cannabis, pupilas dilatadas, inhibición o desinhibición social, habla algo pastosa, etc.).

Varias personas fumando porros.

Varias personas fumando porros.

Considerada una droga legal en Uruguay y siete estados norteamericanos, legalizado su uso con fines terapéuticos en una decena de países que incluyen Alemania, Italia  o Argentina, el aumento del consumo de cannabis con fines medicinales va a imponer una nueva situación para decenas de miles de consumidores habituales en España. El cannabis lleva camino de cambiar de estatus. Es protagonista de numerosas iniciativas parlamentarias en todo el mundo, incluido España, donde se permite su consumo y tenencia en casa, pero también se obliga a recurrir al mercado ilegal para adquirirlo. (Una situación en vías de transformación con la diseminación de asociaciones de consumidores por toda la península desde hace unos años).

Como coinciden todas las fuentes consultadas, la literatura científica sobre el cannabis y la conducción es mucho menos abundante y sólida que en el caso del alcohol, por ejemplo. Existen incluso discrepancias internacionales sobre si es peligroso conducir bajo los efectos de la marihuana: la DGT española y la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras Estadounidenses (NHTSA, por sus siglas en inglés) han publicado resultados contradictorios sobre esta cuestión. Según el  organismo público norteamericano, la marihuana, además de resultar mucho menos peligrosa que el alcohol en el coche, no aumenta el riesgo de accidente respecto a un conductor sobrio.

Una conclusión polémica: según la DGT, el riesgo de sufrir un accidente se duplica después de haber consumido cannabis. Pero inapelable para la administración estadounidense: tras ajustar los datos por rangos de edad, género, uso de alcohol e incluso comunidad, descubrieron que los conductores con positivos por marihuana no tenían más probabilidades de chocar que aquellos totalmente sobrios. En el caso del alcohol, la probabilidad se disparaba: a partir de los 0,05 gramos de sustancia por litro en sangre, multiplicaba hasta por siete el riesgo de accidente al volante. Entre otros factores, porque su influencia es mucho más predecible: con otras sustancias, como el cannabis, es mucho más complicado pronosticar sus efectos sobre individuos diferentes.

‘Drogotest’ de fabricación española

La DGT utiliza hasta cuatro aparatos para sorprender a conductores ‘fumados’ en la carretera. Uno de ellos, de nombre DrugSIP Mobility, es el primero de fabricación 100% española y ha sido desarrollado por la empresa AlphaSIP. Es capaz de detectar hasta seis estupefacientes (los más habituales) en cuestión de segundos. De tamaño reducido y un precio entre 4.000 y 5.000 euros, el dispositivo permite registrar el gráfico con los resultados del ‘test’, la hora y el lugar de denuncia para enviarlos después por conexión bluetooth.

Según la compañía, los resultados son fiables al 99,9%. La diferencia principal con los otros aparatos, según Leila Quiles, directora de marketing de la compañía, “es que nuestro equipo hace una fotografía del kit, saca una tira inmunoreactiva (como un test de embarazo, digamos) y objetiviza el resultado, que puede almacenarse y descargarse después”. “Se trata de tests indiciarios”, aclara. “Siempre sacamos una segunda muestra como garantía procesal: si hay positivo, hay un segundo análisis en un laboratorio”.

Quiles defiende la precisión de los análisis y recuerda que los laboratorios “trabajan con puntos de corte establecidos por la DGT y la Unión Europea. Puede haber algún fabricante que en el primer test, el indiciario, tenga un punto de corte más bajo que el establecido (por ejemplo, 10 nanogramos en lugar de 20 o 25). Pero después, en el laboratorio (que es el que verdaderamente sanciona), daría negativo. Lo que pasa es que muchas veces un conductor no quiere que la multa llegue a su casa, y prefiere pagar: aquí paz y después gloria”.

Beatriz Macho denuncia que el umbral establecido por la DGT para sancionar está por debajo del que fijan el Comité Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje para llamarlo dopaje. “Hay miles de sanciones cada año: de las 126.000 condenas por consumo y tenencia en vía pública fijadas el año pasado en toda España, el 80-85% son por cannabis. 200.000 euros de recaudación al día aproximadamente. Había habido alguna ordenanza local para frenar este acoso, sobre todo en Barcelona. Pero un positivo en tráfico te abre muchas veces un procedimiento penal y antecedentes”.

“El problema es grave”, continúa Macho. “Por cualquier accidente o problema te hacen la prueba: y si detectan rastros, estás ante un delito contra la seguridad vial, con retirada del carnet y antecedentes. Y a veces sin que haya pasado nada. Antes era muy difícil demostrar que alguien estaba conduciendo bajo los efectos en los tribunales. Ahora un simple positivo te mete en un procedimiento penal. Discutir en vía administrativa no sirve: quieren cobrar, la Administración es juez y parte, no hay separación de poderes. Encima, ahora envían las muestras a laboratorios privados, que indudablemente cobrarán por tests positivos. Y el juicio contencioso vale 800 euros, más las costas si lo pierdes. Así que mucha gente, y yo lo entiendo, elige pagar”.

Variedad entre individuos

Begoña Bravo, jefa del servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología, considera que “lo fundamental en este tema es separar dos cosas muy distintas: un positivo, que detecta restos de sustancias, y el hecho de que una persona esté afectado por esa sustancia. A nivel administrativo, la sola presencia implica una sanción. Lo segundo va por la vía penal, y es muy complicado establecer esa influencia: hay una gran variedad interindividual, grados diferentes de tolerancia, es muy difícil de interpretar”.

La complejidad de determinar si una persona está influida por una sustancia mientras conduce es descrita por Bravo con un ejemplo gráfico: “Cuando una persona ha consumido, por ejemplo, una anfetamina¿cuándo está peor, en el momento de excitación o en la resaca posterior? Puede haber muchos más factores, con un único valor no se puede determinar la influencia sobre el individuo”.

Bravo muestra su confianza en las segundas pruebas de laboratorio si el primer test indiciario fuese impreciso: “Son inmunoensayos realizados con técnicas de cromatografía de masas, que son caras y precisas, y que deben ser realizados en laboratorios acreditados para que exista uniformidad. Puede haber algún caso de falso positivo, pero una proporción pequeña o muy pequeña.  Lo que podría variar es el test indiciario [el primero, el que realiza la Guardia Civil o la Policía Municipal] si no tienen todos los aparatos el mismo punto de corte. Eso sí podría ser discriminatorio”.

Según datos del Ministerio de Sanidad, un millón de personas fuman a diario marihuana o hachís .

Según datos del Ministerio de Sanidad, un millón de personas fuman a diario marihuana o hachís .

Aunque desde Toxicología se indica que una posible frontera de sanción serían los 60 nanogramos por mililitro, la DGT decreta análisis positivo por cannabis a partir de los 25: considera que cualquier valor superior demuestra un consumo “muy reciente”. “La clave es dónde establecer el punto de corte. Es evidente”, concluye Bravo, “que existe una finalidad disuasoria por parte de la DGT: se han puesto unos niveles muy bajos, en un país con un grave problema de consumo de alcohol que donde más se ha reducido es en el ámbito de la conducción. Pero se debe intentar que no caiga el que consumió 48 horas antes”.

El Estudio Jurídico Brotsanbert presentó el pasado mes de junio el primer recurso de amparo por un ‘drogotest’ ante el Tribunal Constitucional, en nombre de un conductor de Santander, socio de una de las asociaciones de cannabis más representativas de Cantabria. Fundamentan el recurso en el hecho de que “tanto la Resolución de Jefatura Provincial de Cantabria, como la sentencia del Juzgado de nº 2 de Santander recaída en el asunto, infringen lo dispuesto en los artículos 24, 25.1 de la Constitución Española: en concreto, los derechos de mi representado a la igualdad, a la presunción de inocencia, el derecho a la utilización de los medios de prueba y el principio de legalidad en materia sancionadora (referente al modo de determinar la prueba)”.

Conducta lícita

Según los abogados Héctor Brotons Albert y Rafael Agulló Mateu, “se está sancionando a través de una normativa de tráfico una conducta lícita, como es el consumo de sustancias estupefacientes siempre que no se entre en alguno de los supuestos establecidos del artículo 36 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Y todo ello, además, tramitado a través de un procedimiento administrativo que adolece de muchas de las garantías procedimentales a las que tiene derecho cualquier ciudadano”.

“El hecho de que la normativa hable solo de ‘presencia de drogas en el organismo’”, continúan, “no se ajusta al bien jurídico protegido, la seguridad vial, sino que debería acreditarse una afectación a la conducción, como establecía la anterior normativa. Muchos consumidores se enfrentan a esta situación a pesar de haber consumido por última vez cannabis hace mucho tiempo”.

Juan Carlos González Luque, subdirector adjunto de Investigación e Intervención de la DGT, niega que se den “falsos positivos” por regla general y afirma que “hay mucha confusión, quizá falta de información. Nosotros medimos la alcoholemia espirada, en saliva, que es similar a la concentración en sangre. El cannabis se puede mantener mucho tiempo en el organismo, semanas o incluso meses. Pero no buscamos trazas, buscamos niveles que superen la significancia en la sangre. Ni siquiera hablamos de su presencia en orina o tejido adiposo, donde puede quedarse semanas”.

“Sustancia muy dañina”

“Todo es mejorable”, admite González Luque, pero deja claro que “la cifra de 0,25 ng/ml no es inocua, y sí significativa. Los toxicólogos están de acuerdo. Es cierto que el conocimiento sobre el cannabis es reciente, pero existen mitos peligrosos que conviene aclarar. El cannabis tiene efectos muy adversos, algunos de ellos no totalmente conocidos aún. Es una sustancia muy dañina para el organismo”.

Preguntado por el efecto de esta medida en el creciente porcentaje de enfermos crónicos que recurren a la marihuana por sus propiedades medicinales, el subdirector de la DGT recuerda que la ley otorga excepciones por razones médicas y permite a estas personas conducir: en su caso, el consumo de cannabis no se considera una amenaza.

Entre los argumentos habituales de los letrados que interponen recursos por estos casos suele figurar la ausencia de un control metrológico público, es decir, que no haya un instrumento calibrado por el Instituto Nacional de Metrología para medir los efectos del cannabis. Alfredo Reigosa, del estudio RPV Abogados, incide en la “indefensión social” que genera el actual régimen en conversación con este periódico: “Tenemos casos en que habiendo transcurrido ya tres días desde el consumo de drogas, y siendo imposible que suponga riesgo alguno para la vida de las personas o la seguridad vial, la sanción será aplicada igualmente”.

El 43,1% de los conductores fallecidos en 2015 en España dio positivo en sangre por alcohol, drogas o psicofármacos.

El 43,1% de los conductores fallecidos en 2015 en España dio positivo en sangre por alcohol, drogas o psicofármacos.

También denuncia posibles variaciones en los resultados posteriores tras la práctica de contraanálisis: “Es improbable, aunque no imposible. Dependiendo del tipo de sustancia detectada, el consumo terapéutico de algunos medicamentos puede dar lugar a error en el inicial control practicado por las autoridades”. La conclusión de Reigosa es que existe un doble rasero entre el consumo de alcohol y el de drogas: “Mientras que es posible circular con vehículos a motor presentando un índice de alcohol en sangre por debajo de un máximo legalmente permitido, basta presentar un mínimo indicio de droga en nuestro organismo para que nos sancionen, aunque ya no se presente ninguna limitación para conducir”.

El 43,1% de los conductores fallecidos en 2015 en España dio positivo en sangre por alcohol, drogas o psicofármacos, según los datos de 638 víctimas analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología ese año. (Según un estudio de Línea Directa, entre 2012 y 2015 el porcentaje de conductores fallecidos con rastros de drogas, principalmente cocaína y cannabis, fue del 16%). Los datos públicos, tanto con accidente como sin accidente de por medio, indican los conductores que han dado positivo por cada sustancia, pero sin especificar los que dieron sólo de esa sustancia o en varias (es habitual el policonsumo), en cuyo caso algunas se anulan.

“El problema al hacerlo agrupado (cuenta como cannabis uno que haya dado positivo en cannabis, alcohol y cocaína también) es que una droga puede enmascarar a las otras”, sostiene un investigador público que prefiere hablar en privado. “El alcohol aparece en el 67% de los que dan positivo y la cocaína en al menos el 50%. Es más que probable que el incremento de la agresividad al volante haga indiferente consumir cannabis o por ejemplo ketamina [un relajante]”, afirma.

“Si fumas, no cojas el coche”

“Hoy en día, como están las cosas, si fumas no cojas el coche”, dice Ángel, un músico valenciano que también pasó por un trance desagradable con el ‘drogotest’. “No por no estar capacitado, ya que a mí me afecta mucho más una cerveza o un vino. Pero vivimos en el mundo de la hipocresía y hay un afán claramente recaudatorio”.

Según González-Luque, en cambio, “no hay hipocresía, hay en todo caso disuasión de comportamientos nocivos por parte del Estado. Existen unos mitos sobre la marihuana en la socialización de los jóvenes que resulta francamente peligrosa”.

“Nuestro consejo”, termina la abogada especializada Beatriz Macho, “es que el que tenga asistencia jurídica gratuita lleve el tema al juzgado. O bajarnos el salario los abogados, porque nos interesa llevar esos casos al juzgado. Hay gente sancionada que llevaba una semana sin consumir. A ver si con un caso tras otro, uno tras otro, los jueces le ven la inconstitucionalidad. Nosotros hemos ganado ahora una sentencia en Madrid por la cadena de custodia y por haber vulnerado su derecho a la defensa”.

Según A.C.B, el conductor al que pillaron esa tarde calurosa en las Lagunas de Ruidera, el Guardia Civil amable le dijo también esa tarde: “Recurridlo, porque lo acabarán cambiando, acabarán poniendo una tasa más alta”.  “Pero al final”, dice el ya exfumador, bromeando a medias, “la DGT se las ha arreglado para hacer verdad el lema ese de su campaña: fue sin duda el porro más caro del mundo”.

1.000 millones para calmar a policías y guardias civiles

En numerosas localidades catalanes, agentes peor pagados hacen el ‘trabajo sucio’ en medio de la pasividad de sus homólogos autonómicos, que ganan hasta 500 euros más al mes. Se necesitan 1.000 millones para hacer justicia. (EL ESPAÑOL)

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Entre las numerosas consecuencias no previstas del procés catalán, como que España se llene de banderas españolas, una de las más inmediatas ha sido la radicalización de una vieja petición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: la equiparación de sus salarios con los de las policías autonómicas y locales.

Con más competencias, más movilidad geográfica y más especialización que sus homólogos regionales, un policía nacional o guardia civil ingresa, a igualdad de categoría y antigüedad, entre 400 y 500 euros menos que un Mosso d’Esquadra o un Ertzaina: una discriminación que ha calado en la sociedad española en un momento de extrema tensión, en el que ni siquiera se descarta una colisión entre distintas fuerzas policiales en caso de aplicación del artículo 155.

El atentado de las Ramblas, los sucesos del 20 y 21 de septiembre (cuando un grupo de guardias civiles quedó atrapado en la Conselleria de Economía y sus coches fueron destrozados por la masa) y el desastre organizativo e informativo del 1-O han multiplicado una reivindicación que apoyan todos los partidos políticos del arco parlamentario, del PP a Podemos, pero que se encuentra con un obstáculo “imposible de superar ahora mismo”, como reconoce una fuente gubernamental a EL ESPAÑOL: hacen falta casi 1.000 millones de euros anuales para satisfacer las peticiones de los cuerpos.

En un momento de extraordinario nerviosismo, con un nivel 4 de alarma terrorista, en el que miles de agentes de apoyo residen desde hace semanas en tres buques próximos a la costa catalana para garantizar el orden y la seguridad ciudadana si la degeneración de la convivencia en Cataluña se agravase, los sindicatos policiales han aprovechado su papel central para volver a denunciar una desigualdad incomprensible, cuya duración vuelve a desnudar las ineficiencias del Estado de las Autonomías.

Promesa de Mariano Rajoy

Los teléfonos de policías y guardias civiles echan humo estas semanas con un vídeo de 2009 en el que Mariano Rajoy, entonces jefe de la oposición, prometía igualar sus sueldos con el de los Mossos y la Ertzaintza: “Yo lo llevo en el programa electoral y me comprometo a que Policía y Guardia Civil tendrán los mismo sueldos que las policías autonómicas”, decía muy serio el actual presidente del Gobierno: “Serán exactamente los mismos salarios [...] Si llego al Gobierno, lo haré”.

Dos policías mantienen un cordón policial en Barcelona el 1-O.

Dos policías mantienen un cordón policial en Barcelona el 1-O. Efe

La realidad presupuestaria y la crisis económica se interpusieron después entre la promesa del PP y la realidad. Los propios policías, como comentan varios portavoces sindicales a EL ESPAÑOL, rebajaron asimismo sus expectativas: “Teníamos legitimidad”, dice Ramón Cosío, representante del mayoritario Sindicato Unificado de Policía, “pero no autoridad moral: el país estaba en crisis, había mucha gente con sueldos de 800 euros y 5 millones de parados. ¿Cómo íbamos a poner esto encima de la mesa?”.

Las imágenes del 20 de septiembre, de guardias civiles expulsados de sus hoteles y durmiendo en colchonetas antes del 1-O, o de policías recibiendo lanzamiento de sillas y siendo después vilipendiados por su intervención el día del falso referéndum, han hecho mella en los cuerpos de seguridad. Según Jusapol, una alianza entre sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles para “para solicitar con firmeza la equiparación, porque ya está bien y no nos conformamos”, los agentes han perdido incluso dinero desde aquel año de 2009: un 5%. “Algo inaceptable”.

Jusapol tachó recientemente una promesa del Gobierno de destinar 80 millones de euros para comenzar a reparar esta discriminación de “ridícula y del todo insuficiente”. El mes pasado se registraron concentraciones de agentes frente a delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en 42 provincias.

El ‘síndrome del Este’

Este periódico ya publicó recientemente un reportaje con dos policías nacionales destinados en Cataluña que denunciaban el acoso permanente a las comisarías (‘el síndrome del Este’) y explicaban la fractura con los Mossos, acusándoles de portarse con deslealtad y “chulería” en los últimos dos meses. Unas actitudes que han enardecido las pretensiones salariales de los agentes allí destinados (no existen complementos por ser desplazado a Cataluña, como sí ocurren en Canarias, País Vasco o Ceuta y Melilla).

Dos policías nacionales que trabajan en la provincia de Barcelona.

Dos policías nacionales que trabajan en la provincia de Barcelona. E.E.

En medio de las acusaciones cruzadas entre policías y ‘mossos’ y el distanciamiento de agentes de distintos cuerpos que alguna vez fueron amigos, los medios nacionales han venido publicando informaciones que agravan la percepción social de discriminación de los cuerpos de ámbito estatal: por ejemplo, que el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, procesado por sedición, gana al año 84.650 euros, 21.500 más que un general de división de la Guardia Civil (y 33.700 más que un comisario principal de la Policía Nacional).

Las diferencias se consolidan en todos los escalafones de la profesión. Un Mosso d’Esquadra gana casi un 30% más que un guardia civil del mismo rango, según el cuadro de retribuciones oficial: el salario básico neto de un ‘mosso’ fluctúa entre los 1.750 y los 1.850 euros mensuales, por los 1.400 euros de un guardia civil o 1.500 de la policía. A pesar de sus competencias reducidas y su inexistente movilidad geográfica, incluso un policía local sale mejor parado que uno nacional: 1.600 o 1.700 euros.

La disparidad afecta a todo: horas extras, nocturnidad, complementos, etc. Por si fuese poco, Cataluña es una región con un coste de vida notablemente superior al de otras comunidades autónomas, pero no existen partidas para compensar, por ejemplo, el aumento del alquiler de vivienda. Y tampoco existe la solución de mudarse a un pueblo cercano a la ciudad donde esté la comisaría, dado que la ley no permite vivir fuera del término municipal donde se trabaja.

“Nadie quiere que le bajen el sueldo”

Los propios sindicatos de la policía catalana vienen solidarizándose con sus compañeros de otros cuerpos, haciéndose eco de la denuncia. Algo que tiene, además, una explicación adicional a la camaradería (como manifiesta un responsable policial a este periódico): “Nadie quiere que le bajen el sueldo, sino que nos lo suban a nosotros”.

La Policía Nacional, a través de sus sindicatos SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, ha elaborado un dossier en el que refleja las “retribuciones y los agravios comparativos entre policías españolas” (lo que, por cierto, le ha granjeado polémicas varias con asociaciones de policías municipales, como las de Madrid, e incluso de la propia Guardia Civil). También han exigido que el Gobierno abone los complementos a los agentes antidisturbios desplazados a Cataluña desde el mes de agosto, en un ambiente de creciente crispación.

Además de la equiparación, los sindicatos solicitan que la igualdad se refleje también en los complementos salariales (que en algún caso supone un tercio de los ingresos totales), como la retribución de horas extras o la cotización para la jubilación. Como explica Cosío, “solo cotizamos el sueldo básico, pero no los complementos”, al formar parte del régimen de clases pasivas, como los funcionarios de la Administración General del Estado: “Nos quedan unas pensiones muy bajas”.

933,6 millones de euros

La propuesta elevada a Interior por los cinco sindicatos y las seis asociaciones de guardias civiles (que expiraba esta semana, sin contestación por parte del Ministerio) incluía una subida de entre 300 y 500 euros mensuales por agente: según sus propios cálculos, una partida presupuestaria adicional de 933,6 millones (o una subida progresiva en tres ejercicios, a razón de 311,2 millones por año).

Jusapol ha pedido cita al ministro Zoido para abordar la cuestión, que supone una piedra en el zapato del Gobierno en una época de fuerte inestabilidad política. Pero el Ministerio no mueve ficha. “Cuando haya disponibilidad presupuestaria, seguiremos abordando ese equilibrio entre unos policías y otros que tiene comprometido, por firme convencimiento, el Gobierno”, declaró recientemente Zoido.

Un furgón de la Guardia Civil traslada a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a su salida de la Audiencia Nacional

Un furgón de la Guardia Civil traslada a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart a su salida de la Audiencia Nacional Efe

Diversas iniciativas parlamentarias han sido aprobadas este año para impulsar cuanto antes un acuerdo que iguale (o acerque) los niveles salariales y las condiciones laborales, rebajando la tensión en unos cuerpos que afrontan semanas de imprevisible agitación en Cataluña. (La última fue debatida este mismo 24 de octubre). Lejos queda el 19 de junio de 1991, cuando el entonces diputado de Izquierda Unida (IU), Antonio Romero, preguntó ya al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, por la ya famosa equiparación salarial. Veintiséis años después, todo sigue igual en esta materia.

“¿Sabes cuánto está ganando el tío que escucha las conversaciones de la Gürtel?”, expresa un oficial de la policía a este diario. “1.500 euros… ¿Tú crees que ese sueldo equivale a su responsabilidad?” Según los sindicatos, el fantasma de la desidia y la desafección acechan a los agentes: “Tengo muchos compañeros que los fines de semana se van a hacer turnos a restaurantes para completar la hipoteca”, afirma un portavoz. “Y uno piensa: ¿para qué investigar a la gente, a vecinos, meterte en problemas, etc.?” Nadie quiere mencionarlo por escabroso, pero la carestía económica también podría ser (es) un acicate para la corrupción.

España avanza probablemente hacia un cambio en el modelo policial, regido por la ley 2/1986, y que según los sindicatos es el verdadero problema: “Está tan necesitado de reforma como la propia Constitución”. Mientras tanto, en numerosas localidades catalanas, agentes infrapagados hacen el trabajo sucio en medio de la pasividad de los Mossos con los excesos del movimiento ‘indepe’, insultados por las calles, encerrados en sus cuarteles mientras centenares de personas les organizan caceroladas todas las noches al grito de “fascistas” y “fuerza, fuerzas de ocupación”. El procés, entre sus numerosas consecuencias imprevistas, ha coloca al Gobierno ante un dilema inaplazable y de difícil solución.

Miguel Montes Neiro, el ‘Houdini’ español: 6 fugas y 36 años entre rejas

Miguel Montes Neiro, el día que salió de la cárcel (febrero de 2012).

Miguel Montes Neiro, el día que salió de la cárcel (febrero de 2012). Efe

Miguel Montes Neiro, el preso común con más tiempo de cárcel y más fugas de la historia presidiaria española, estuvo en un reformatorio, se apuntó a la Legión y tuvo a sus dos hijas en encuentros vis a vis. (EL ESPAÑOL)

Corría 1976 y el legionario granadino Miguel Montes, 26 años, llevaba varios días recluido (y atado, y desnudo, y golpeado) en un calabozo del cuartel ceutí donde prestaba servicio y se encargaba, entre otras responsabilidades, de custodiar las armas. Había desaparecido un subfusil del regimiento, pero él negaba sistemáticamente habérselo llevado.

Al sexto día, el suboficial que lo había interrogado de malos modos le invitó a un pitillo y le dijo: “Bueno, Montes, perdona. Ya ha aparecido el subfusil, lo había robado un alemán”. Le soltó de sus amarras e inmediatamente recibió un puñetazo en la boca. “Te voy a hundir”, acertó a decir su superior. Montes fue acusado de desertor e ingresó en la cárcel poco después, confirmando una trayectoria que marcaría su vida durante casi cuatro décadas: desde ese año hasta 2012, sólo pasó en libertad las aproximadamente 1.400 noches en que estuvo fugado de la Justicia.

Miguel Montes Neiro (Granada, 1950-2017) falleció este fin de semana de un cáncer de pulmón con metástasis después de haber pasado en libertad cinco años, un récord en una vida de película que le acabaría convirtiendo en el preso con más tiempo de cárcel y más fugas de la historia presidiaria nacional: 29 condenas (ninguna por delitos de sangre), seis huidas y 36 años entre rejas.

Ni siquiera los terroristas más sanguinarios de ETA han pasado más tiempo a la sombra que Montes, unido inseparablemente a su cajetilla de tabaco, fontanero frustrado devenido en ceramista ocasional, un hombre que terminaría pasando más tiempo en prisión provisional del que fijaría ninguna de sus sentencias.

Hijo de un guardia municipal de Granada, ‘Montes’ (como era conocido en prisión), acumuló una treintena de condenas por delitos muy diversos: robo con violencia, detención ilegal, allanamiento de morada, falsificación de documentos públicos, tráfico de drogas, posesión de hachís, tenencia de armas, tráfico, desórdenes públicos…

Su reincidencia era legendaria: cada vez que salía de la cárcel, ya fuese por permisos legales o fugas, acababa metiéndose en líos más graves que los anteriores. (Un ejemplo: en mayo de 1994 salió en libertad condicional y dos años después, junto a dos cómplices, secuestró a punta de pistola a dos joyeros para robarles en su casa y en su taller).

El historial delictivo de Montes es prácticamente inagotable: una de sus tretas predilectas era hacerse pasar por policía a la puerta de una casa para, una vez dentro, maniatar a sus habitantes y consumar el robo bajo amenaza de penalidades mayores. Su primera visita a un centro penal había sido con tan solo 12 años: ingresó en un reformatorio tras clavarle accidentalmente una flecha en el ojo a un niño de su barrio (casualmente hijo de un policía nacional).

Según su hermana Encarnación, éste fue el responsable de su segundo arresto por un robo en un estanco del barrio granadino del Zaidín: aunque parezca mentira, pasó otros seis años a la sombra por haber robado un cartón de tabaco. Una vez que salió libre, ingresó en la Legión. De la Legión volvió a la cárcel, como se ha visto antes, para apenas abandonarla hasta 2012. Pasó más de la mitad de su vida recluido. Nunca mató a nadie (ni lo intentó), y en las cárceles pasó por un preso de conducta razonablemente buena, más amigo de los compañeros reclusos que de los funcionarios.

“Volvería a escaparme si pudiera”

“Me he ido de prisión por dos túneles, pero he intentado hacer ‘un puñao’”, afirmó Montes este año en el programa Salvados, donde reconoció haber tenido todo lo que quiso en prisión: drogas, alcohol, teléfono móvil, una PlayStation y “hasta mujeres”. Decía llevarse bien con todos los presos, incluidos etarras, con una excepción: “Violadores y asesinos de menores”.

“Ahora dicen que saldré de la cárcel en 2021. Entonces tendré 71 años. Yo no viviré 10 años más… Ni quiero vivirlos aquí dentro”, había dicho en 2011, cuando su indulto parecía cosa hecha gracias a los esfuerzos de su hermana Encarnación, su gran valedora. Dos años antes se había fugado por última vez (en total lo intentó 19 veces), aprovechando un permiso para asistir al velatorio de su madre. Fue detenido veinte días después. “Nunca he visto cerca el final de mi condena, volvería a escaparme si pudiera”, afirmó sin pestañear.

Entre aquella condena por deserción de 1976 y su liberación definitiva en febrero de 2012 sólo tuvo dos periodos de libertad condicional (además de las fugas): “Si no fuera por esos momentos, ¿cuándo hubiera estado yo con mi familia?”, dijo en una ocasión al diario El País. En una de esas escapadas conoció a su primera mujer. En otra, a su segunda, Ángeles, madre de sus dos hijas, Estrella y Ángeles, concebidas en vis a vis carcelarios.

Miguel Montes, de niño, con sus hermanos.

Miguel Montes, de niño, con sus hermanos.

Cuando sus hijas iban a visitarlo a prisión, les contaba que trabajaba en una fábrica de cerámica. Ellas le contestaban: “Papi, ya tenemos mucho dinero. No sigas trabajando y vente con nosotras”. No supieron la realidad hasta que, en una de sus fugas, la policía fue a detenerlo a su misma casa.

Su especialidad, según confesó en varias entrevistas, eran los hospitales, perfectamente consciente de que los traslados eran propicios a la fuga y de que los recintos sanitarios están menos vigilado: lo fundamental era encontrar un pretexto para acudir a la consulta del médico.

En febrero de 2012, cuando fue indultado y salió definitivamente de la cárcel, sólo pidió “libertad y salud”, “porque Dios me debe tener algo bueno reservado; no soy una alimaña”. Tenía hepatitis C. Lo dijo sin soltar de la mano a sus dos hijas en la puerta de la cárcel granadina de Albolote, que ya no volvería a franquear.

Pero el preso más antiguo de España no dejó de ser noticia. Tuvo un conflicto con la Agrupación de Cuerpos Penitenciarias por unas declaraciones sobre lospresuntos trapicheos ilegales de alcohol y móviles por parte de algunos funcionarios de prisiones (denuncia finalmente archivada) y un año después volvió a ser detenido tras un robo de joyas por 4,5 millones de euros en El Corte Inglés de Marbella.

Siempre mantuvo su inocencia en ese caso, aunque admitió haber tenido contactos con los supuestos ladrones. El botín apareció meses después en una finca granadina. Fue su último problema con la justicia.

“Todos sois esclavos”

Su vida inspiró un libro (Miguel Montes. Una Vida En Prisión), y se llegó a hablar incluso de una película. Emprendió cuatro huelgas de hambre y se intentó suicidar una vez (para escaparse luego del hospital). Era amante del flamenco y devoto de Camarón. Aseguraba haber robado varios bancos sin que le pillaran y que nunca pensó en cambiar de vida porque “allí dentro [en la cárcel] nadie te enseña a hacer nada; cuando sales no sabes hacer nada de lo que hay en la calle [...] Lo de la reinserción es una mentira salvaje”. “Todos, incluido tú”, le dijo a Jordi Évole, “sois esclavos porque trabajáis para alguien. Yo robaba porque no quería serlo”.

Como afirmó su biógrafo, Antonio Izquierdo, Montes fue “un gran atracador y seguramente el mejor fuguista de este país en los últimos cuarenta años [...] Recorrió los montes de Andalucía huyendo de la Policía y durmiendo en casas abandonadas, pero también vivió muy bien. Ganó mucho dinero robando y lo gastó, porque siempre le gustó vivir bien, pero supo adaptarse a vivir mal”.

En los últimos años de su vida logró disfrutar de su familia y hacer cosas completamente nuevas para él, como votar en las elecciones andaluzas o sacarse un DNI. Este lunes, entre otras consideraciones, las redes sociales le rindieron un póstumo homenaje. Un botón de muestra: “Qué tristeza, haber nacido para estar prácticamente toda su vida sin libertad… Lo mismo deberían cumplir Urdangarin, Pujol, y muchos del PP”.

La vida de dos policías en Cataluña: “No hemos llegado al tiro en la nuca, pero esto es irrespirable”

Dos policías nacionales que trabajan en la provincia de Barcelona.

Dos policías nacionales que trabajan en la provincia de Barcelona. E.E.

Felipe y Juan -nombres ficticios- son agentes de la Policía Nacional en Cataluña que denuncian el acoso sufrido en los últimos meses: escraches, aislamiento y “estrés constante”. “Todo el que puede se marcha al año de llegar”. (EL ESPAÑOL)

Las 37 comisarías locales de la Policía Nacional en Cataluña tienen entre sus competencias las labores de extranjería y expedición de documentos de identidad. Últimamente los agentes encargados de estas tareas escuchan el mismo chiste casi a diario: “Agente, si este número me va a durar tres semanas, qué me importa”.

La ironía esconde un panorama triste y alarmante para los aproximadamente 5.000 policías y guardias civiles que trabajan en Cataluña. EL ESPAÑOL ha visitado una población de tamaño medio de la provincia de Barcelona para pasar una jornada con dos agentes que llevan años trabajando allí (uno de ellos casi una década) y que, bajo rigurosa condición de anonimato y fotos de espaldas, acceden a relatar las experiencias que han llevado a miembros del cuerpo a acuñar el término ‘Síndrome del Este’: “Aquí no hay bombas ni tiros en la nuca… Esto no es el País Vasco ni Kosovo. Pero queremos alertar de que ha sucedido algo, de que está pasando algo grave. Esto hay que vivirlo.Miedo no pasamos. Pero estamos señalados, marcados, aislados… Perseguidos. Y es un estrés enorme, constante”.

Todas las noches a las diez, desde hace semanas, hay caceroladas organizadas frente a comisarías de la Policía Nacional y casas-cuartel de la Guardia Civil por toda Cataluña. Les gritan desde “¡Fuera, fuerzas de ocupación!” a “fachas”, el término que los ‘indepes’ han escogido para denigrar a todo ciudadano que no apoya el ‘procés’. En el caso de la Benemérita, el escrache tiene un matiz siniestro: dentro del recinto viven las familias de los agentes allí destinados. Los niños, a la mañana siguiente, van a la escuela y son señalados, como viene siendo publicado en diversos medios desde que se agravó la situación política.

Cuando llegan los ‘escrachadores’, algunas comisarías están vacías: han cerrado a la hora de comer por falta de efectivos, en una estampa gráfica de la progresiva desaparición de la Administración Central en un territorio cuyo Gobierno autonómico gestiona todo menos el ejército, la emisión de moneda, la Agencia Tributaria y el sistema judicial. En otras, las que siguen abiertas, los agentes se parapetan detrás de los muros y las puertas hasta que la multitud se dispersa y vuelve el silencio a la calle. No tienen competencias de seguridad ciudadana, cedidas en bloque a los Mossos d’Esquadra.

Felipe (de Valladolid) y Juan (asturiano; ambos nombres alterados) recorren las calles de su localidad en un ‘K’, coche sin distintivo alguno, vestidos de civil y con la pistola reglamentaria cerca. Llevan sin librar desde la última Diada, hace cinco semanas, y el estallido del proceso revolucionario catalán, que tiene a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en situación de alerta permanente. A su paso, esteladas, pancartas, carteles y pegatinas escenifican el apoyo mayoritario de la población de su localidad al proceso separatista: peticiones de liberación de los “presos políticos” (sic), exigencias de “democracia”, acusaciones de fascismo, dianas en muros con la palabra “policía” o “guardia civil”.

La Guardia Civil, en la diana.

La Guardia Civil, en la diana. P. C.

“Siempre estuvimos orgullosos de lo que somos, y eso que el rechazo siempre existió… Pero se ha recrudecido. Cuando llegamos, notabas que todo el mundo sabía que éramos policías: el acento, la forma de comportarte, el ir en parejas… Esa cosa de ‘no eres de aquí’, la sensación de que eres un marciano. Todos mirándote, dejándote claro que te tienen fichado. Pero cuando la cosa estaba tranquila no pasaba de ahí: la novia de Felipe es catalana de pura cepa, por ejemplo, y teníamos mossos amigos. Ahora ya no sabes con quién hablar. ‘Jijijajá’ y poco más. Un auténtico choque de trenes”.

“El día a día se está poniendo difícil”, continúa. “Muy difícil, irrespirable… Vamos a velocidad de vértigo; parece que ha pasado un año y sólo ha pasado un mes. Estamos muy, muy jodidos desde que nos mandaron a los niños aquí”. (Se refiere al inicio de los escraches generalizados, el 20 de septiembre: ese día los manifestantes, por ejemplo, llegaron a colocaron una estelada en el mástil del cuartel de la Guardia Civil en Manresa).

“A ver dónde termina esto: porque desde el 20 de septiembre es insoportable la vida, qué quieres que te diga. El humo siempre estuvo en el ambiente: entrabas en un bar, se hacía el silencio típico, te habían ‘marcado’, y después venían los comentarios. Pero esta vez es diferente. Imagínate por ejemplo los hijos de los guardias civiles en Berga [localidad barcelonesa de 16.000 habitantes, gobernada por la CUP, en la que el 75% de la población votó a partidos independentistas]”.

“Sufrimos mucho”

Felipe, que vivió en Navarra durante los últimos ‘años duros’ del terrorismo vasco, miraba varias veces al salir de un edificio y registraba los bajos de su coche permanentemente. Hace unas semanas, admite con rubor, lloró por primera vez en su vida (ante el “asombro” de su novia). “Sufrimos mucho”, dice como para justificarse.

“Hemos jurado la Constitución y es nuestra obligación cumplirla. Somos personas. Yo jamás cumpliría una orden ilegal: soy policía, me da igual el traje que me pongas. Hay cosas que no entiendo. Puede haber fractura ideológica, pero no en cuanto a la legalidad… Entiendo que una pareja de Mossos no vayan a detener a 200 personas que están en un colegio, pero al menos no sonrías, no abdiques de tu obligación… Si no se cumple la ley, esto es una selva”.

En los Mossos d’Esquadra, dice la pareja de policías, “hay un conflicto brutal. Llevamos el mismo uniforme y estamos entrenados para lo mismo, pero a nosotros nos llaman marionetas del Estado español. Y yo me pregunto: ¿por qué pusieron a niños y abuelos delante de todos el 1-O? ¿Por qué no se pusieron los organizadores en primera fila? A nosotros nos llaman marionetas, ¿pero qué eran los abuelos y los niños?”

Escrache contra un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona.

Escrache contra un cuartel de la Guardia Civil en Barcelona.

“Vivimos en una gigantesca mentira que, a fuerza de repetirse, se da ya como cierta”, continúa Juan. “Todo el mundo dijo que la huelga general del día 3 era contra la represión policial, pero nosotros teníamos información de que se iba a hacer desde la Diada [11 de septiembre]. ¡No era por la represión! Se han saltado la ley a la torera, y francamente echamos de menos un discurso sólido desde el Gobierno que llegue a los medios”.

A nosotros nos llaman marionetas, ¿pero qué eran los abuelos y los niños?

Sorprende la quemazón de los agentes de la ley, reducidos a un papel testimonial y repudiados por sus vecinos. Una diputada del Parlamento catalán que prefiere no revelar su nombre explica a este periódico que comprende la ansiedad de los policías, “especialmente porque la división, la fractura social, se ha agudizado muchísimo en el último año. Cuando la consulta del 9-N, tú no sabías quién había ido a votar y quién no. Ahora la gente sabe perfectamente quién piensa qué y ya sabe con quién no debe hablar si quiere evitar problemas. Es una enfermedad social”.

“Yo estuve veinte años trabajando en el País Vasco, en la Unidad de Información, y jamás vi algo como lo que pasó en septiembre en Barcelona”, dice Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía. “He ido a muchos funerales, pero este nivel de acoso y persecución no lo había visto nunca. Agentes nómadas de 7 de la mañana a 11 de la noche porque no tienen dónde ir, pegatinas con fotografías de compañeros, su nombre y el colegio al que van sus hijos… Es un nivel que nos recuerda a películas como La vida es bella y momentos históricos espantosos”.

Los Mossos escoltan la salida de la Guardia Civil de la Consellería de Economía en Barcelona el pasado 20 de septiembre.

Los Mossos escoltan la salida de la Guardia Civil de la Consellería de Economía en Barcelona el pasado 20 de septiembre.Efe

Los policías nacionales aceptan su distanciamiento de los Mossos, con quienes prefieren ya no colaborar en operaciones conjuntas. Los amigos que tenían ya no lo son, “porque la fractura social es tan grande que también la hay en la policía. Para que te hagas una idea, hay hijos de guardias civiles criados aquí, con 20 años, que son independentistas y ni hablan a sus padres”.

Discriminación salarial

Hay un asunto que agrava la baja autoestima del cuerpo: la falta de equiparación salarial, un asunto que se arrastra desde hace más de una década. Policías y guardias civiles cobran al mes 700 euros menos que los agentes catalanes (o la Ertzaintza). “¿Hasta cuándo debemos aceptar esta injusticia?”, se pregunta Felipe. “¿Y encima con chulerías y deslealtad?”.

“Yo me he quedado por las circunstancias, estoy separado y tengo un hijo aquí”, dice Felipe, que reconoce haber sentido ganas de marcharse en los últimos meses. “Se quedan los de toda la vida y los que tienen otros intereses”, dice: en cuanto obtienen los puntos para volver a su provincia, se van. “Los jóvenes se están marchando todos al año y medio de llegar: no les compensa”.

No hay complementos salariales por ir a trabajar a Cataluña, una región con un coste de vida sensiblemente superior al de otras regiones españolas. (Un apartamento de una o dos habitaciones en determinadas ciudades y pueblos de Barcelona puede costar el doble que en una capital castellanoleonesa). En el País Vasco había un complemento de 400 euros mensuales y tenían derecho a dos meses de vacaciones en lugar de uno para compensar el estrés. Actualmente sólo hay complementos en Ceuta y Melilla, Canarias y el País Vasco.

“Hay que guardar la distancia con el Síndrome del Norte y aquella tensión, los muertos, el riesgo por la vida”, afirmará Felipe en más de una ocasión para huir de la quejumbre vacía. Pero la experiencia diaria de estos agentes en pleno proceso separatista es muy desagradable: escraches, caceroladas, aislamiento en los bares (ya no salen a tomar cañas), reuniones sólo con los que piensan igual que ellos.

Grados de violencia

“En Navarra, o cuando iba a visitar a algún compañero en San Sebastián o Bilbao”, continúa Felipe, “notabas perfectamente cómo la violencia y la división de una sociedad en gente de primera y segunda tiene grados: la convivencia va degenerando, hay gente que no se atreve a ser violenta pero lo apoya, a los niños les lavan la cabeza. Yo me alegro mucho de que aquí no haya violencia, de no tener que lidiar con la posibilidad de morir si me toca y tengo mala suerte, pero la gente tiene que saber que aquí está pasando algo muy chungo. Si no se respetan las leyes, esto va a terminar muy mal”.

Los agentes (y sus superiores) reconocen que las imágenes del 1-O les hicieron “muchísimo daño”. “Es lo que buscaban y fue un grave error de cálculo por nuestra parte”, sentencia Juan sin miramientos. Pero inmediatamente se revuelve: “Ada Colau era activista anti-desahucios, te lo recuerdo. Y los Mossos repartían de lo lindo a los ‘indignados’. Era lo mismo que el 1-O, una orden judicial que llevaba un secretario judicial. Artur Mas tuvo que llegar en helicóptero a la Generalitat. Pidió penas de cárcel para los que protestaban. Y ahora lo idolatran. Y nosotros somos el diablo. Es una locura: cuando ha habido recortes sociales o sanidad, no han salido a la calle ni la mitad de la gente”.

Los Mossos repartían de lo lindo a los ‘indignados’. Era lo mismo que el 1-O, una orden judicial que llevaba un secretario judicial.

Escapar de la opresión silenciosa (o no) de los independentistas está en la cabeza de muchos agentes, asegura un portavoz. “Cuando tú sales por la puerta aquí no te quitas el trabajo de encima”, recalca Juan. “En Burgos o Salamanca haces vida normal, aquí te miran sin parar o giran la cabeza cuando te reconocen y ya no quieren saludarte. En otro lugar, encima no tienes problemas económicos. Ni tienes estrés. Puedes ir al parque con tu hijo sin problemas. Dime tú qué ventajas tiene trabajar aquí”.

El sutil (o manifiesto) maltrato psicológico se ha agudizado en el último mes: a Juan le pidieron a mediados de septiembre que no regresase al gimnasio donde se entrenaba desde hace tres años. “Hay días que ni hablamos cuando salimos a tomar café con otros compañeros”, confiesa: “La frustración es enorme, una confrontación de sentimientos constante. ¡A mí la política no me había interesado nunca! Y el día 12 me bajé a la manifestación de Barcelona porque sinceramente no aguantaba más”.

“Es el monotema”, rezonga Juan. “No salimos de ello. Estoy estudiando unas oposiciones para mejorar y desde la Diada no soy capaz de leer dos líneas de mi temario. En el fondo la presión es doble: me quiero cagar en Dios y no puedo. El ciudadano no tiene por qué pagar mi frustración. Pero alguien tiene que resolver esto antes de que sea demasiado tarde”.

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